La Universidad de Playa Ancha -sin ninguna investigación sumaria previa- determinó que el pago de la asignación doctoral del actor fue mal percibido por 10 años, al considerarse un doctorado cursado de forma conjunta en dos universidades como dos grados académicos diferentes, por lo que ordenó la restitución de dicha asignación mediante el descuento del 15% de la remuneración del recurrente, decisión que vulneró el debido proceso y el derecho de propiedad del profesor.
Se aprobaron las modificaciones propuestas por el Ejecutivo en materia de suprimir la legítima defensa privilegiada, eliminar el marco penal rígido y regular la flagrancia permanente, entre otras medidas. La oposición anunció la presentación de un proyecto de ley para corregir aspectos con los que no están de acuerdo.
La magistrada estableció que las demandadas ocupan ilegalmente el inmueble fiscal, pero rechazó la solicitud de pago de indemnización.
En un principio, la magistratura acogió el arbitrio al estimar que la ocupación era ignorada por el dueño del predio, decisión que fue revertida por el máximo Tribunal al observar que el demandado era tío del actor, así como el anterior dueño del inmueble ubicado en la comuna de Teodoro Schmidt.
El máximo Tribunal estimó que tal antecedente no puede ser desconocido por la demandante para exigir la restitución de la casa mediante la acción de precario, debido a que la ocupación de la demandada no le era ignorada ni meramente tolerada, como lo exige el artículo 2195 del Código Civil.
La ocupante utilizaba la sede como bodega de su local comercial ubicado a continuación de dicho inmueble, restringiendo el ingreso de las madres e impidiendo el normal desarrollo de las actividades organizadas por la agrupación.
La ocupación a título gratuito corresponde a aquella en que no existe retribución alguna a los demás comuneros. La sola existencia de gastos -como consumos domiciliarios de servicios básicos- obedece más bien al uso que se le da al bien, y en caso alguno alteran que se esté haciendo uso gratuito de la cosa.
En 2015, el Fisco obtuvo la posesión efectiva de una herencia vacante, cuando en la especie, correspondía la tramitación de la declaración de herencia yacente, de forma que, la judicatura de fondo no podía exigir al heredero pronunciarse respecto de la herencia quedada al fallecimiento de su madre, pues el procedimiento judicial que correspondía nunca se inició.
El recurrente no pudo acreditar la infracción a las normas probatorias, por las que presuntamente la judicatura de fondo no ponderó adecuadamente el título que acompañó para solicitar la restitución del inmueble, prefiriendo el instrumento ofrecido por el demandado, que singularizaba de mejor forma el predio en litigio.
El querellado intentó justificar la apropiación, argumentando que los jueces de fondo incurrieron en ultrapetita al ordenar la devolución de una porción de terreno que no fue debidamente singularizada por la querellante, tesis que fue desestimada por el máximo Tribunal.
El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que conformó la de primer grado que acogió, con costas, la acción.
