Los tribunales nacionales brindaron el nivel requerido de protección a las empresas demandantes. En primer lugar, estas pudieron participar en los procedimientos administrativos para defender sus intereses a través de audiencias orales celebradas a petición de ellas.
La medida revierte las políticas de cambio de sexo y transición de género aún vigentes en Rusia. Las cirugías solo serán permitidas para corregir “anomalías en la formación del sexo de los niños”, casos que deberán ser evaluados por organismos estatales.
La investigación realizada por las autoridades internas no ha estado abierta al escrutinio y no tuvo en cuenta el derecho de la víctima a participar en el proceso. Además, no exploró las alegaciones de un posible motivo político detrás del intento de asesinato, así como la posible participación o colusión de agentes estatales.
Las acciones están dirigidas contra un fiscal y la entidad gubernamental encargada de fiscalizar a los medios de comunicación, que consideran que la enciclopedia ha publicado artículos “falsos”. La compañía anunció que no accederá a lo exigido, por cuanto estima que es una restricción inaceptable al acceso a la información.
No existe una perspectiva concreta de que el empresario y/o sus familiares puedan hacer uso personal de la propiedad ahora o en el corto plazo.
Las autoridades rusas no tomaron medidas para reconocer el problema o para proteger a los solicitantes de los malos tratos que habían sufrido. Además, los demandantes no disponían de ningún recurso efectivo para quejarse de su situación, e incluso el Defensor del Pueblo admitió que tales quejas no tenían ninguna posibilidad de éxito.
El material disponible es suficiente para constituir evidencia prima facie de la “repetición de actos” que son lo suficientemente numerosos e interconectados para constituir un “patrón o sistema” que viola la Convención. En la etapa de fondo, le corresponderá a este Tribunal decidir si fue suficiente para superar el umbral de “más allá de toda duda razonable” al confrontarlo con las pruebas proporcionadas por el Estado demandado.
No existen razones sólidas que hagan plausible la hipótesis de que el ciudadano reclamado pueda ser objeto de actos de persecución y/o discriminación por motivos de raza, religión, sexo, nacionalidad, idioma, condición social y/o personal en su país, ni prever pruebas concretas de que su situación jurídica se verá agravada por alguno de estos elementos.
El profesional fue detenido por los servicios de seguridad mientras preparaba un reportaje sobre los mercenarios de Wagner. Si bien se le acusa de realizar espionaje sobre la industria de defensa, las autoridades se han negado a dar más detalles al respecto, por lo que muchos han cuestionado la legalidad de la detención. Arriesga una pena de 20 años de cárcel.
De esta forma, Estado Unidos ha dado expresamente su apoyo a Ucrania y otros países que han promovido la creación de un tribunal especial parar juzgar a Rusia por el “crimen de agresión”, en forma paralela al proceso radicado en la Corte Penal Internacional.
