Regula la industria de la seguridad privada entendida como el conjunto de actividades o medidas de carácter preventivas, coadyuvantes y complementarias de la seguridad pública, destinadas a la protección de personas, bienes y procesos productivos.
La propuesta, revisada conforme a los acuerdos de una comisión mixta, define lo que se entenderá por seguridad privada y sus incumbentes; norma a las entidades obligadas a contar con este sistema; y determina las instituciones encargadas de fiscalizar este ámbito, entre otras variadas materias.
El texto, que será debatido en la Sala de la Cámara, contiene nuevas definiciones en materia de seguridad privada y establece medidas frente a eventos masivos.
El pleno de ministros plantea que sobre las normas consultadas a esta Corte Suprema, el proyecto establece un procedimiento de reclamación judicial para reclamar de la resolución exenta dictada por la Subsecretaría de Prevención del Delito que designa a ciertas organizaciones como entidades obligadas. Sobre este procedimiento, se hacen una serie de observaciones que podrían dar mayor certeza a la regulación propuesta
La Sala respaldó en forma unánime la iniciativa que forma parte de la Agenda de Seguridad (fast track legislativo), con lo cual quedó en condiciones de cumplir su tercer trámite, en la Cámara Baja.
La Comisión especializada del Senado está analizando en particular la iniciativa y aprobó 19 artículos entre ellos, lo que se entenderá por esa actividad, el rol que tendrán la Subsecretaría de Prevención del Delito y Carabineros en la materia y la especialización de quienes se desempeñan en el sector.
No cumple con el requisito general que exige la normativa a toda persona natural, ni se podrá acreditar su idoneidad cívica y profesional.
Corresponde al Juzgado de Policía Local competente remitir al infractor la pertinente citación, indicando día y hora para su comparecencia a la respectiva audiencia.
El requirente alega que el precepto legal no contiene criterios mínimos para la determinación de la multa a aplicar, lo que vulnera los principios de legalidad y proporcionalidad.
El máximo Tribunal indicó que, del mérito de los antecedentes, apareció de manifiesto que en el libelo interpuesto en autos se mencionó hechos que eventualmente pueden constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.
