La demandante no usó ningún comentario insultante u ofensivo sobre la autoridad ni adoptó postura en cuanto a la culpabilidad de las personas involucradas, sino que simplemente relató la secuencia de hechos que había presenciado en el camino. Por lo tanto, no se le puede imputar mala fe.

La discrecionalidad de las autoridades administrativas para ordenar la cancelación de los pasaportes de los demandantes, fue incondicional, y su alcance y la forma de su ejercicio no se definió normativamente. En consecuencia, la medida dispuesta por el ejecutivo en el contexto del estado de emergencia es arbitraria y no satisfece el requisito de legalidad.

Los tribunales internos aplicaron un plazo de prescripción de cinco años que comenzó a correr a partir de la fecha de la alteración irreversible de la tierra. Como resultado, se le negó la posibilidad que, en principio, había estado disponible para ella de obtener daños y perjuicios, arbitrariamente.

No cabe estar de acuerdo con la afirmación hecha por el gobierno de que el demandante, como periodista experimentado, debería haber estado al tanto de esos factores sin que la autoridad le diera más detalles.

Si bien los Estados tienen una amplia discrecionalidad para determinar la pertinencia de sus esquemas de tributación, ello no es una facultad ilimitada ni está más allá del escrutinio judicial. Debe asegurarse de que las autoridades, ya fueran legislativas, ejecutivas o judiciales, tuvieran presente un equilibrio adecuado entre los intereses individuales y públicos, teniendo en cuenta las garantías procesales apropiadas.

El alto nivel de dependencia de Abjasia al apoyo ruso durante el periodo en que ocurrieron los hechos, permite concluir que Rusia ejerció un control efectivo y una influencia decisiva sobre el territorio abjasio. Por tanto, los asuntos denunciados caen dentro de la jurisdicción de Rusia en virtud del artículo 1 de la Convención.

Si bien no puede pasarse por alto el hecho de que la divulgación impugnada se llevó a cabo mediante la sustracción de datos y la violación del secreto profesional al que estaba obligado el demandante, el peso relativo de la información divulgada superó todos los efectos perjudiciales a causa del interés público que suscitó.

Los requisitos de independencia e imparcialidad no se cumplieron en el presente caso con respecto a la composición del órgano disciplinario que sancionó a la demandante. Por lo tanto, hubo una violación del artículo 6 del Convenio.

La investigación fue inadecuada, incapaz de actuar como elemento disuasorio contra futuros actos de esta naturaleza, en violación del artículo 3 en relación con el artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

.Si bien las formas de expresión que utilizaban el humor están protegidas por el artículo 10 de la Convención, también es cierto que están sujetas a los requisitos establecidos por la norma. El derecho al humor no significa que todo esté permitido, y todo aquel que reclame el beneficio de la libertad de expresión también asume deberes y responsabilidades.