La libertad de expresión protege no solo la sustancia de las ideas y la información expresada, sino también la forma en que se transmiten. En consecuencia, incluso si la conducta del solicitante pudiera haber justificado una intervención de las autoridades, estas deben haber sabido que la sanción privativa de libertad se estaba aplicando en el contexto del ejercicio de una libertad fundamental.

Se puede aceptar que los comentarios reflejaban un grado de malestar social que podría requerir una respuesta política, además del hecho de que correspondían al tipo específico de comunicación que se encuentra en ciertos portales en línea. No obstante, en un contexto electoral, el impacto del discurso racista y xenófobo se hace mayor y más nocivo, particularmente por el clima político y social conflictivo que primaba en aquel momento.

Las restricciones tuvieron el objetivo legítimo de proteger los derechos y libertades de los demás. Así, se protegieron los derechos de otros respecto al procesamiento de sus datos personales, por lo que la exención personal o familiar no es aplicable al caso. Se sopesaron correctamente los derechos de la comunidad demandante frente a los derechos de las personas cuyos datos se estaban utilizando.

Los tribunales turcos confirmaron la multa en sentencia sumaria, sin pronunciarse sobre los motivos de apelación presentados por los demandantes. No podía pasarse por alto que la ONG había aportado pruebas en apoyo de su afirmación de que había declarado los fondos que recibió.

Se deben observar las recomendaciones y dictámenes de los órganos internacionales competentes, que destacan la importancia de permitir que los candidatos pertenecientes a grupos minoritarios utilicen su lengua materna en las campañas electorales a fin de garantizar que las personas pertenecientes a dichos grupos accedan a las elecciones en igualdad de condiciones con otros ciudadanos.

Las autoridades rusas no tomaron medidas para reconocer el problema o para proteger a los solicitantes de los malos tratos que habían sufrido. Además, los demandantes no disponían de ningún recurso efectivo para quejarse de su situación, e incluso el Defensor del Pueblo admitió que tales quejas no tenían ninguna posibilidad de éxito.

El material disponible es suficiente para constituir evidencia prima facie de la “repetición de actos” que son lo suficientemente numerosos e interconectados para constituir un “patrón o sistema” que viola la Convención. En la etapa de fondo, le corresponderá a este Tribunal decidir si fue suficiente para superar el umbral de “más allá de toda duda razonable” al confrontarlo con las pruebas proporcionadas por el Estado demandado.

La disposición no brinda ninguna oportunidad para que la persona sancionada presente argumentos en su defensa. En el caso de los solicitantes, simplemente recibieron cartas del jefe de Seguridad informándoles que se les prohibió ingresar al parlamento durante un año. Además, la ordenanza no prevé ningún procedimiento claro para impugnar la medida.

La normativa es una expresión más de las medidas que el gobierno conservador de Viktor Orbán ha venido llevando a cabo contra la comunidad LGBTI, por considerar que contraviene los valores de la familia tradicional. A causa de esta política Hungría ha recibido numerosas críticas a nivel internacional por ser considerada discriminatoria.

Las autoridades no examinaron en profundidad la cuestión del consentimiento, centrándose únicamente en la afirmación de que el órgano había sido extraído como medida de emergencia para salvar su vida. Además, el hospital, que practicaba el consentimiento oral, no había tenido protocolos adecuados de mantenimiento de registros o una política de consultar a los familiares en tales situaciones.