El material disponible es suficiente para constituir evidencia prima facie de la “repetición de actos” que son lo suficientemente numerosos e interconectados para constituir un “patrón o sistema” que viola la Convención. En la etapa de fondo, le corresponderá a este Tribunal decidir si fue suficiente para superar el umbral de “más allá de toda duda razonable” al confrontarlo con las pruebas proporcionadas por el Estado demandado.

La disposición no brinda ninguna oportunidad para que la persona sancionada presente argumentos en su defensa. En el caso de los solicitantes, simplemente recibieron cartas del jefe de Seguridad informándoles que se les prohibió ingresar al parlamento durante un año. Además, la ordenanza no prevé ningún procedimiento claro para impugnar la medida.

La normativa es una expresión más de las medidas que el gobierno conservador de Viktor Orbán ha venido llevando a cabo contra la comunidad LGBTI, por considerar que contraviene los valores de la familia tradicional. A causa de esta política Hungría ha recibido numerosas críticas a nivel internacional por ser considerada discriminatoria.

Las autoridades no examinaron en profundidad la cuestión del consentimiento, centrándose únicamente en la afirmación de que el órgano había sido extraído como medida de emergencia para salvar su vida. Además, el hospital, que practicaba el consentimiento oral, no había tenido protocolos adecuados de mantenimiento de registros o una política de consultar a los familiares en tales situaciones.

El artículo 8 no puede interpretarse en el sentido de exigir una revisión judicial a posteriori en todos los casos relativos a un registro o incautación llevado a cabo contra una empresa. Sin embargo, la disponibilidad de dicha revisión puede tenerse en cuenta, junto con otros factores, al evaluar el cumplimiento de estas actuaciones.

El demandante fue educado en condiciones de segregación, por lo que el Estado tiene el deber de tomar medidas para corregir esa desigualdad y evitar la perpetuación y la discriminación resultantes de la sobrerrepresentación de alumnos romaníes en la escuela.

La expulsión colectiva se produce cuando los casos particulares de las personas no se evalúan por separado. Italia no refutó la alegación de los demandantes de que no se habían realizado entrevistas individuales antes de que firmaran las órdenes de denegación de entrada.

Las pruebas contra los dos demandantes fueron producidas en audiencia pública, en su presencia y de sus representantes, y tuvieron la oportunidad de participar en el contrainterrogatorio de esos testigos. La defensa también tuvo la oportunidad ilimitada de presentar su propia versión de los hechos y las pruebas pertinentes.

La demandante no usó ningún comentario insultante u ofensivo sobre la autoridad ni adoptó postura en cuanto a la culpabilidad de las personas involucradas, sino que simplemente relató la secuencia de hechos que había presenciado en el camino. Por lo tanto, no se le puede imputar mala fe.

La discrecionalidad de las autoridades administrativas para ordenar la cancelación de los pasaportes de los demandantes, fue incondicional, y su alcance y la forma de su ejercicio no se definió normativamente. En consecuencia, la medida dispuesta por el ejecutivo en el contexto del estado de emergencia es arbitraria y no satisfece el requisito de legalidad.