La falta de adopción y publicación por parte del Gobierno de la metodología necesaria para conceder la indemnización a la que tenían derecho las asociaciones demandantes podría considerarse como una injerencia en el ejercicio efectivo del derecho protegido por el artículo 1 del Protocolo 1 en términos de una falta de garantizar el ejercicio de ese derecho.

La condena se confirmó estrictamente sobre la base de las pruebas obrantes en el expediente del caso, al establecerse correctamente los hechos y aplicado debidamente la ley. El artículo periodístico y las grabaciones de vigilancia publicadas no violaron el derecho del actor a un juicio justo ni su presunción de inocencia.

Los tribunales búlgaros se refirieron a la penalización de los ingresos derivados de la prostitución en la legislación nacional y a la «buena moral» al desestimar la reclamación de compensación. A este respecto, el delito establecido en el artículo 329.1 del Código Penal, de obtener ingresos de forma prohibida o inmoral, refleja actitudes sociales obsoletas heredadas del régimen comunista totalitario.

Frente al edificio de la Duma Estatal (cámara baja del Parlamento ruso) y en la plaza Pushkin. Los tribunales nacionales no examinaron si la ubicación alternativa ofrecida habría permitido que la protesta tuviera un impacto significativo. Las autoridades deberían haber garantizado que cualquier ubicación alternativa permitiera que el evento se llevará a cabo dentro de la vista y el oído de su público objetivo.

Para poner fin a las violaciones sistémicas del artículo 6.1 del Convenio identificadas en este y en casos anteriores, Polonia debe tomar medidas legislativas apropiadas para cumplir con los requisitos de un “tribunal independiente e imparcial establecido por la ley” y con el principio de seguridad jurídica.

No se pueden inferir intenciones o comportamientos violentos de las llamadas convocatorias en línea, los lemas coreados o la forma de vestir de algunos manifestantes. A primera vista, esas deberían haberse tomado como expresiones de insatisfacción y protesta en lugar de llamados deliberados e inequívocos a la violencia.

Los tribunales nacionales tuvieron en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Europeo y equilibraron los intereses en juego, incluido su derecho a la libertad de expresión. Las condenas y las penas impuestas no fueron desproporcionadas.

Las autoridades no actuaron mientras el demandante, entonces menor de edad, corría el riesgo de sufrir una vulneración de su derecho a la vida privada. Una vez que tuvieron conocimiento de esa situación, cumplieron su obligación de tomar medidas específicas para ayudar al solicitante a obtener la documentación y garantizar el respeto de sus derechos.

El principio de instrucción en la lengua materna está lejos de ser la norma en los Estados europeos. No existe consenso sobre este punto. Para este Tribunal, los Estados tienen una amplia discreción (“margen de apreciación”) para fijar el idioma utilizado en las escuelas, y el Gobierno no se excedió en el caso concreto.

Se ha establecido que la obligación procesal del Estado en virtud del artículo 2 de la Convención requiere una respuesta de derecho penal, y que a las víctimas se les debe dar la oportunidad de participar en este proceso, en la medida necesaria para salvaguardar sus intereses legítimos. Esto no puede compensarse con la posibilidad de que puedan presentar una demanda civil separada, ya que dicho procedimiento no examinaría la responsabilidad penal del acusado.