Los tribunales nacionales tuvieron en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Europeo y equilibraron los intereses en juego, incluido su derecho a la libertad de expresión. Las condenas y las penas impuestas no fueron desproporcionadas.

Las autoridades no actuaron mientras el demandante, entonces menor de edad, corría el riesgo de sufrir una vulneración de su derecho a la vida privada. Una vez que tuvieron conocimiento de esa situación, cumplieron su obligación de tomar medidas específicas para ayudar al solicitante a obtener la documentación y garantizar el respeto de sus derechos.

El principio de instrucción en la lengua materna está lejos de ser la norma en los Estados europeos. No existe consenso sobre este punto. Para este Tribunal, los Estados tienen una amplia discreción (“margen de apreciación”) para fijar el idioma utilizado en las escuelas, y el Gobierno no se excedió en el caso concreto.

Se ha establecido que la obligación procesal del Estado en virtud del artículo 2 de la Convención requiere una respuesta de derecho penal, y que a las víctimas se les debe dar la oportunidad de participar en este proceso, en la medida necesaria para salvaguardar sus intereses legítimos. Esto no puede compensarse con la posibilidad de que puedan presentar una demanda civil separada, ya que dicho procedimiento no examinaría la responsabilidad penal del acusado.

La orden judicial dispuesta por tribunales alemanes se ha aplicado no sólo a las imágenes ya publicadas, sino también podría aplicarse cualquier vídeo futuro. Esto debió tener un efecto disuasorio que los tribunales alemanes deberían haber tenido en cuenta en su razonamiento, pero no lo hicieron. No evaluaron ninguna contribución al debate público.

La profesión de las demandantes es de naturaleza intelectual, por lo que, en el caso concreto, las diferencias biológicas entre hombres y mujeres y cualquier posible consideración sobre el papel de ellas en la sociedad son irrelevantes en cuanto a la aptitud de ambos sexos para ejercer profesiones de esa naturaleza.

Debieron haberse implementado garantías procesales para asegurar que el mecanismo de suspensión no se utilizara arbitrariamente. A este respecto, es menester observar la importancia cada vez mayor que se atribuye a la equidad procesal en los casos de destitución de fiscales, incluida la intervención de una autoridad independiente de los poderes ejecutivo y legislativo en las decisiones que afectan al nombramiento y destitución de los fiscales.

Los demandantes se vieron obligados a vivir en un entorno contaminado por los desechos acumulados a lo largo de las calles y por los sitios de almacenamiento temporal de basuras. Dicha exposición a residuos, en violación de las normas de seguridad, había hecho a los demandantes más vulnerables a diversas enfermedades. Esta conclusión fue respaldada por diversos estudios científicos. La constatación de la vulneración de derechos constituye en sí misma una satisfacción justa y suficiente para resarcir el daño moral causado.

Las empresas demandantes, al estar bien familiarizadas con el comercio del petróleo y tener experiencia en transacciones internacionales a gran escala, deberían haber actuado con mayor cautela al evaluar los riesgos cuando decidieron realizar transacciones para la compra de petróleo iraquí pudiendo recurrir, en caso necesario, al asesoramiento jurídico adecuado del que disponían fácilmente.

Las autoridades estonias no identificaron ni examinaron las circunstancias particulares del caso, ni evaluaron los diversos derechos e intereses de las personas involucradas, incluidos los del solicitante, en cualquiera de los dos procedimientos que permitieron la adopción o los relativos a su nulidad. Por tanto, se ha producido una violación del artículo 8 del Convenio.