La actora celebró con el municipio 8 contratos de honorarios entre abril de 2020 y abril de 2021, para prestar servicios como administrativa en un programa de salud. El máximo Tribunal estimó que, por aplicación del principio de primacía de la realidad, dichos contratos deben regirse por el Código del Trabajo, al existir en la especie subordinación y dependencia en los términos del artículo 7 del dicho cuerpo legal.

El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso al no emitir la sentencia impugnada pronunciamiento sobre la materia de derecho que la recurrente pretende unificar.

El máximo Tribunal, estimó que es un acto de autotutela por parte del empleador decidir no pagar la asignación de movilización y el bono de turno nocturno, a aquellos trabajadores que durante la crisis sanitaria autorizó a prestar servicios desde sus domicilios de origen y no en el lugar donde se ubica la faena minera, pese a que dichas partidas están expresamente reconocidas en el convenio colectivo vigente.

La empresa pudo acreditar que la desvinculación del actor obedeció a factores fortuitos ajenos a su voluntad, debido a la ostensible disminución de ventas de pasajes de transporte aéreo con ocasión de la crisis sanitaria del Covid-19. Asimismo, el máximo Tribunal estimó que el trabajador pretendía mediante el arbitrio alterar los hechos asentados en la causa.

El actor prestó servicios para el SERVIU, no obstante, realizó funciones tendientes a llevar adelante los objetivos que por mandato legal la Subsecretaria del Ministerio de Vivienda debe ejecutar y promover; por lo tanto, nada impide que pueda ser demandada por aquel.

La empresa adeudaba el pago de 298 horas extras las que no fueron consideradas como parte de la base de cálculo en la remuneración de la demandante para el pago de las obligaciones de la seguridad social, generando de esta forma una deuda previsional, que permite la sanción establecida en el artículo 162 del Código del Trabajo.

El máximo Tribunal indicó que, si el término del contrato por necesidades de la empresa fue considerado injustificado por el tribunal, simplemente no se satisfacen las causales de retención del aporte patronal consideradas en el artículo 13 de la Ley N°19.728.

Este es el verdadero sentido y alcance de los incisos 5º, 6º, y 7º del artículo 162 del Código del Trabajo. A la empresa principal no se le puede otorgar un plazo menor que a la empresa contratista para cumplir la sanción de nulidad del despido, señala el máximo Tribunal.

Los contratos entre la administración del Estado y sus dependientes gozan de presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido y no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido.

El cómputo de los tiempos de espera entre carga debe efectuarse según lo establece el artículo 25 bis del Código del Trabajo, al corresponder a una jornada especial, y no de acuerdo al tiempo máximo de espera en una jornada ordinaria, como lo hizo el demandado.