No obstante, la Corte ordenó oficiar al Juzgado de Familia a fin de que indague sobre un eventual abandono, e inicie una causa de violencia intrafamiliar a fin de que en ella se adopten las medidas necesarias para el resguardo del afectado.

La materia debe ser conocida por el Tribunal de Familia en el que se sigue la causa por violencia intrafamiliar.

Se trata de bienes que no le pertenecen a la recurrida, por lo que afecta la garantía consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental.

No es necesario estar en presencia de maltratos de obra u otras conductas similares para que se esté ante acciones reguladas por la Ley N° 20.066, pues el sólo acto del despojo y lanzamiento de una vivienda ocupada por un grupo familiar, a instancias de otro miembro de la misma familia, hace aplicable dicha norma.

Se estima que la propuesta es positiva para quienes sufren agresiones en el marco de las relaciones de familia. Sobre este punto, cabe traer a colación lo señalado por la jurista argentina Graciela Medida, en cuanto a que “las víctimas de violencia requieren de costosos tratamientos psicológicos y médicos para superar los efectos debilitantes de la violencia; flagelo que además les produce grandes daños materiales, entre ellos la pérdida de días de trabajo y de posibilidades de estudio y producción. Estos daños en general no se reparan».

La resolución de conflictos de esta naturaleza, debe darse alejada de discriminaciones y estereotipos impuestos de manera cultural tal como el exigir un mayor material probatorio con la finalidad de demostrar los hechos denunciados.

Sin perjuicio de otras acciones que le corresponda al padre para reclamar asistencia económica o instar por sanciones por presuntos actos de violencia intrafamiliar cometidos en su contra.

Al tratarse de una medida cautelar, ésta resulta esencialmente provisoria, por lo cual podrá cesar siempre que desaparezca el peligro que se ha procurado evitar.

Entender lo contrario, importaría una conculcación flagrante al derecho a la vida e integridad física de la víctima, exponiéndola a un riesgo mayor, atendido el comportamiento del imputado.

Los hechos probados son legalmente constitutivos de un delito de violencia contra la mujer en su modalidad de lesiones de menor gravedad, y otro delito de violencia doméstica en su modalidad de lesiones de menor gravedad del que resulta responsable a título de autor el denunciado.