Inaplicabilidad por inconstitucionalidad

Con disidencia.

TC se pronunciará sobre el fondo de inaplicabilidad que impugna parte de una norma del Código Procesal Penal sobre el juicio simplificado.

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el artículo 389, parte final, del Código Procesal Penal, donde señala “en cuanto se adecuen a su brevedad y simpleza”, a propósito de las normas supletorias aplicables al juicio simplificado.La gestión pendiente invocada incide en un proceso penal por cohecho sustanciado ante un Juzgado de Garantía de Colina.La Primera […]

16 de noviembre de 2012
Con voto disidente.

TC se pronunciará sobre la admisibilidad de inaplicabilidad que impugna normas del Estatuto Administrativo y la LOC de Bases Generales de la Administración del Estado.

El TC, luego de que el requirente subsanara los defectos de su libelo, admitió a trámite un requerimiento de inaplicabilidad que impugna el inciso primero del artículo 120 y la letra c) del artículo 125 del Estatuto Administrativo, del artículo 64 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y […]

16 de noviembre de 2012
Frente a empate de votos.

TC declaró inadmisible inaplicabilidad que impugnaba norma sobre apelación del auto de apertura de juicio oral.

El TC declaró inadmisible un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba la parte del inciso segundo del artículo 277 del Código Procesal Penal que dispone: “cuando lo interpusiere el Ministerio Público por la exclusión de pruebas decretada por el juez de garantía de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero del artículo precedente”.La gestión pendiente […]

16 de noviembre de 2012
Segunda sala.

TC deberá pronunciar si admite a trámite requerimiento de inaplicabilidad que impugna norma relativa al Estatuto Docente.

«la norma en cuestión, según la historia fidedigna de la ley, se estableció con el objeto de nivelar las rentas de los docentes públicos que vieron disminuidas sus remuneraciones al pasar los establecimientos a la administración de las municipalidades, en virtud del DFL 13.063, de 1980, y no con el fin de regular la situación de los docentes pertenecientes a establecimientos particulares subvencionados».

15 de noviembre de 2012
Con disidencia.

TC se pronunciará sobre el fondo de inaplicabilidad que impugna norma del Código Procesal Penal sobre apelación del auto de apertura.

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el inciso 2° del artículo 277 del Código Procesal, referido a la apelación del auto de apertura del juicio oral por la exclusión de pruebas decretada por el juez de garantía.La Primera Sala del TC declaró admisible el requerimiento de inaplicabilidad, por cuanto los antecedentes examinados permiten concluir que […]

13 de noviembre de 2012
Con disidencia.

TC se pronunciará sobre la admisibilidad de inaplicabilidad que impugna normas del Código Tributario.

El TC, luego de que el requirente subsanara los defectos de su libelo, admitió a trámite un requerimiento de inaplicabilidad que impugna parte del inciso segundo del artículo 24 y el inciso final del artículo 201, ambas normas contenidas en el Código Tributario.La gestión pendiente incide en una reclamación tributaria seguida ante el Tribunal Tributario […]

13 de noviembre de 2012
Segunda sala.

TC se pronunciará sobre el fondo de inaplicabilidad que impugna norma sobre DFL que establece sistema único de prestaciones familiares.

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, ciertas expresiones contenidas en el artículo 3°, letra a, del DFL 150 de 1982, sobre Sistema Único de Prestaciones Familiares. La gestión pendiente invocada incide en un recurso de protección seguido ante la Corte de Apelaciones de Santiago, interpuesto por la recurrente contra de la Dirección General Administrativa el […]

12 de noviembre de 2012
Con prevención y disidencia.

TC rechazó requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba norma de la Ley sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

«existen razones aceptables tanto para acoger la transmisibilidad de la acción por daño moral como para rechazarla, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. Sin embargo, desde el punto de vista constitucional y, específicamente, del derecho de propiedad y de la libertad de adquirir el dominio de toda clase de bienes, la decisión del legislador (y del juez de fondo en el caso concreto) no vulnera la Carta Fundamental por estos capítulos».

9 de noviembre de 2012
Páginade 605