Los requerimientos cuestionados tienen su fundamento en la ley y en la facultad del Estado de limitar la autonomía empresarial en la entrega de beneficios laborales en el marco de las licitaciones.
El Tribunal de alzada estableció el actuar infundado de la recurrida al rechazar las licencias médicas por “reposo injustificado”, amenazando la garantía constitucional de derecho a la vida e integridad física y síquica de la recurrente.
Los hechos acusados no constituyen una causal para ejercer una acción de amparo económico.
El Tribunal de alzada no hizo lugar a la acción deducida, tras establecer que el amparo económico no es la vía idónea para impugnar una licitación pública, cuyo conocimiento y resolución corresponde a los tribunales especializados.
El recurrente no acreditó un hecho ilegal atribuible a la Municipalidad que vulnerara sus garantías fundamentales.
La botillería tenía multas por venta de alcohol a menores de edad.
El recurrente estimó atropellados sus derechos a ejercer su actividad económica y libre emprendimiento.
La recurrente debía patentes anteriores.
Un Convenio Marco no entrega al adjudicatario ningún derecho a ser contratado por el Estado, sino una mera expectativa.
El Tribunal de alzada descartó que la actividad desarrollada por las recurridas afecte a la empresa Siprol SpA, que comercializa un sistema similar.
