El recurrente solicitó una prórroga del plazo de pago en la Municipalidad, fundado en que habría sido víctima del robo de sus datos bancarios, sin embargo, el ente edilicio rechazó la solicitud, por no existir antecedentes concluyentes que demuestren que la omisión de pago no es imputable a su persona.

La Corte de Santiago deberá conocer la acción constitucional y pronunciarse sobre la misma, pese a negar su tramitación en primera instancia.

No se vislumbra una afectación a la garantía prevista en el artículo 19 N°21 de la Constitución. Además, el ordenamiento jurídico establece otras instancias –jurisdiccionales y proteccionales- para discutir estos asuntos.

Dado que el ordenamiento jurídico le concede una serie de recursos administrativos ante la autoridad sanitaria para poner término la situación descrita.

El terreno donde se ubica la feria no corresponde a la calidad de bien nacional o fiscal bajo tuición municipal, por consiguiente, mal se pueden otorgar los permisos solicitadas

Se ordenó sacar copia íntegra del expediente, certificar su identidad e integridad, y remitir compulsas al tribunal civil manteniendo el expediente original en poder de la fiscalía hasta que concluya la causa penal.

El desarrollo de una actividad económica debe desarrollarse conforme a las reglas que el ordenamiento jurídico contempla como regulación de esa actividad.

Sólo resulta apelable la resolución que resuelve el fondo de la acción cautelar.

El hecho de no prorrogar el contrato a las recurrentes no puede estimarse contrario a la ley, toda vez que, en ellos se consignó una fecha de término, sin cláusulas de prórroga automática, por lo que conforme a lo dispuesto en los artículos 1545 y 1560 del Código Civil estos habrían concluido.

El máximo Tribunal descartó la orden de apremio, debido a que la demora en el cobro de la deuda no es imputable a la amparada.