La Municipalidad de Santiago solicita al Tribunal que acoja la reclamación, dejando sin efecto la decisión del SEA, para que el Comité de Ministros y el Director Ejecutivo del SEA, revisen su recurso administrativo y se pronuncien respecto de las alegaciones de fondo que realizó en contra del proyecto de Metro.

La sentencia concluyó que la declaratoria de humedal urbano realizada por el Ministerio del Medio Ambiente es legal, y que el derecho de propiedad o la actividad que desarrolla la empresa reclamante no son un impedimento para ello.

La sentencia explica que aun cuando la sola presencia de la vegetación hidrófita es suficiente para entender que se está ante un humedal urbano; el problema reside en este caso, en que la resolución reclamada solo realiza una referencia general a ella, sin desarrollar más antecedentes al respecto que resultan fundamentales para justificar la decisión del Ministerio.

La inspección personal consistió en un recorrido por seis puntos del humedal urbano Los Pelúes, sector Isla Teja, para analizar las condiciones ambientales existentes en esta área asociada a la controversia de la reclamación.

Tres de estos proyectos inmobiliarios contemplarían la ejecución de obras y actividades en áreas colocadas bajo protección oficial como los son el Santuario de la Naturaleza Estero Quitralco, la Zona de Interés Turístico “Provincia de Los Glaciares” y la Zona de Interés Turístico Chelenko.

“Hemos sido testigos de una tremenda revolución institucional sobre la materia, que nos hizo transitar desde un escenario de leyes sectoriales fragmentarias o dispersas, a una institucionalidad ambiental con leyes y reglamentación precisa, y recubierta por la presencia de organismos administrativos y jurisdiccionales altamente especializados”, afirmó el Ministro Presidente de la Corte Suprema.

La reclamación busca anular la resolución de la SMA que requirió solo el ingreso del proyecto “Rehabilitación central hidroeléctrica Los Maquis” al SEIA y no dio inicio a un procedimiento sancionatorio.

Los reclamantes, un grupo de vecinos de Constitución, recurrieron al Tribunal luego que el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental rechazara el recurso administrativo que habían interpuesto contra la resolución que calificó favorablemente el proyecto, pues no se habrían considerado debidamente sus observaciones ciudadanas.

La sentencia enfatiza que ni la Ley N° 21.202, ni su Reglamento limitan el reconocimiento de humedales a aquellos que se emplacen dentro de bienes fiscales, públicos o privados; tampoco establecen una prohibición absoluta, ni ex ante de la ejecución de actividades o proyectos en humedales urbanos.

La sociedad de la Zona Franca de Iquique solicita la inspección personal del tribunal al lugar afectado y se argumentan diversos aspectos que dicen relación con una posible contaminación por concentraciones de hidrocarburo en las aguas subterráneas, en el alcantarillado y en el suelo, todas las que -según los antecedentes presentados- superarían los límites establecidos por normas nacionales e internacionales.