El deber de fundamentación de los actos que afecten derechos de particulares no se cumple permitiendo que el interesado tenga acceso al expediente de calificación de invalidez. El afiliado tiene derecho a conocer los antecedentes de hecho y los fundamentos que motivan la decisión del organismo competente acerca de su invalidez.
El Estado ha dispuesto normas específicas para la protección de los venezolanos en territorio colombiano, que les permiten identificarse y acceder a los servicios estatales con pasaporte vencido que tenga el sello de la autoridad migratoria.
Los procedimientos fueron suspendidos por un plazo superior al legal, excediendo así el lapso máximo previsto en la norma.
La prescripción del plazo en materia de responsabilidad estatal tiene como fin último evitar que exista indefinidamente una acción que permita a los afectados exigir a la entidad la reparación integral del daño generado por su actuar administrativo irregular, lo que encuentra su justificación en la seguridad y certeza jurídica.
Es un derecho fundamental que requiere de la infraestructura adecuada para su ejercicio, por lo que las autoridades pertinentes deben hacer observancia de los requisitos legales para su goce y así evitar su postergación a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Los actos administrativos, especialmente aquellos que afectan derechos de los administrados, deben contener suficientes fundamentos legales y fácticos. Su contenido tiene que bastar para explicar su motivación, no pudiendo complementarse con informes, documentación o explicaciones posteriores o paralelas.
La recurrida no tiene ni la autoridad ni la facultad para solicitar mediante resolución exenta la restitución del inmueble donde se sitúan las viviendas.
La resolución impugnada fue ordenada por autoridad competente, dentro de la esfera de sus facultades legales.
El órgano realizó actos de su competencia, pero ejerció parte de sus potestades al margen de las formas legales.
