Al no haber abonado el dinero sustraído ni haber accionado contra el usuario por culpa grave en los hechos, el banco incumplió las obligaciones dispuestas en la Ley N°21.234, por lo que su actuar fue ilegal, afectando el derecho de propiedad del usuario.
Al no existir un derecho indubitado en torno a la restitución del remanente que pretende la cliente y habiéndose descartado la actuación que se denunció como ilegal, no se vislumbra en la especie que la conducta del banco tenga la aptitud para vulnerar el derecho de propiedad del actor.
El actor hizo uso personal de su clave Be Pass en la aplicación del Banco Estado instalada en su teléfono móvil y no se logró acreditar la veracidad de que recibió una llamada de una mujer no identificada y que habría afirmado ser ejecutiva del Banco.
La recurrente no acreditó la existencia de un derecho indiscutido y preexistente de aquellos cuyo imperio se deba proteger por esta vía cautelar de urgencia
Los hechos dan cuenta de una situación no contemplada en el ámbito de aplicación de la ley N°21.234, de forma que mal puede configurarse una infracción si la ley no considera la conducta en la que se sustenta el reparo.
El artículo 84 del Código de Procedimiento Civil autoriza al juez para corregir de oficio los errores que observare en la tramitación del proceso, y adoptar las medidas que tiendan a evitar la nulidad de los actos procesales, rectificando de este modo los yerros en que se ha incurrido.
La actuación de la recurrida que se aparta de la normativa ha ocasionado un perjuicio patrimonial a la actora, afectando su garantía protegida en el artículo 19 N°24 de la Constitución.
La situación fáctica invocada no aparece determinada como un hecho preexistente y libre de controversia, sino que es discutida por la recurrida de lo que se sigue que el derecho que invoca tampoco puede estimársele indubitado.
Aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
La resolución busca mitigar los efectos económicos que la situación sanitaria ha producido en los ingresos de las familias más vulnerables de Chile.
