La Corte de Santiago indicó en su sentencia que, no divisó una ilegalidad o arbitrariedad en los actos objeto del recurso.
La Corte de Apelaciones de Santiago declaró que, se pretendió en la acción constitucional ejercida por la empresa Inversiones y Comercio Capellán S.A que la Corte, de una forma u otra, declare que no hubo incumplimiento contractual de su parte, cuestión que es totalmente ajena a la naturaleza y objetivo de un recurso de protección.
El Decreto Nº1.364 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y la Orden General Nº2635 de la Dirección Nacional de Carabineros regulan los lineamientos generales sobre el uso de la fuerza en intervenciones policiales para el mantenimiento del orden público, no vislumbrándose actuaciones contrarias a estas normativas en los hechos denunciados.
El máximo Tribunal del país rectificó la sentencia y rechazó el recurso de amparo y da cuenta del error detectado.
La Corte de Santiago estimó que la medida resulta claramente extemporánea.
El recurrente estimó vulnerado su garantía constitucional del artículo 19 en el numerales 2 y 24 de la Constitución Política de la República.
El máximo Tribunal confirmó sin modificaciones la sentencia del tribunal de alzada que acogió la acción cautelar.
La Corte de Apelaciones de Santiago indicó que no apareció identificado expresamente el afectado por los hechos contenidos en el libelo.
El máximo Tibunal condenó a Hugo Cruz Castillo y Carlos Alarcón Torres a la pena de 10 años y un día presidio por su responsabilidad como autores del homicidio.
