El banco informó, con fundamento en una investigación interna, que los productos financieros fueron obtenidos por terceros que engañaron al actor, para obtener sus datos personales. Sin embargo, reportó a la central de riesgo sobre los presuntos incumplimientos bancarios en que habría incurrido.

Los extranjeros residentes en Colombia en situación migratoria irregular, tienen el derecho a la atención inicial de urgencias como una garantía de no discriminación de conformidad con la Constitución. Sin embargo, la atención inicial de urgencias puede llegar a incluir el tratamiento de enfermedades catastróficas, que hagan la vida insoportable e indeseable, cuando el mismo sea solicitado por el médico tratante como urgente.

La negativa de la autoridad a exonerar al actor de su nombramiento como vocal de mesa comprometió sus derechos en forma irrazonable, como quiera que la entidad tenía medidas alternativas para asegurar la celebración del certamen electoral sin la comparecencia del accionante. Por ende, tal decisión resultó desproporcionada y lesiva de la libertad religiosa del recurrente.

La potestad conferida a la Policía para acciones de “prevención” resulta desproporcionada, pues no existe prueba de la idoneidad de la medida, ni certeza de que el acceso de la autoridad a circuitos de vigilancia y seguridad privados a fin de ejecutar acciones de “prevención” –que la propia ley se abstiene de definir, precisar y acotar– contribuya a disminuir las conductas delictivas.

Los preceptos impugnados son respetuosos de los principios de legalidad y juez natural, pues establecen, concretamente, que el procedimiento penal aplicable cuando sean los congresistas quienes cometen un delito, es el contenido en la Ley 600 de 2000 y este, en armonía de la Constitución, asigna a la Corte Suprema de Justicia la competencia para investigar y juzgar a los miembros del congreso.

Al no atender la necesidad de la recurrente, se la sometió a condiciones de vida que, dado que sufre de demencia o Alzheimer, incontinencia urinaria, infecciones urinarias recurrentes, y depende de terceros para las tareas más básicas, no le permiten disfrutar de su derecho a la salud.

Se debe hacer teniendo en cuenta sus condiciones particulares, siendo inadmisible la utilización de espacios destinados para cumplir medidas de aislamiento para tal propósito bajo el pretexto de que su internamiento en estas locaciones busca garantizar la integridad de esta población, a menos que se configure alguna de las causales señaladas en la normativa aplicable.

La alta relevancia constitucional del asunto reside en su novedad, en su complejidad y en su capacidad de provocar un pronunciamiento que informe la aplicación del derecho constitucional en otros casos similares. En este sentido, la solución que se adopte en este caso tendrá, potencialmente, un amplio impacto social debido al elevado número de personas que usan los servicios de Instagram.

Las TRHA se encuentran comprendidas en el ámbito de protección de los derechos sexuales y reproductivos. Con fundamento en tales derechos las personas se encuentran habilitadas para celebrar acuerdos acerca del modo en que deben desarrollarse. Su desarrollo exige considerar, a partir de una perspectiva de género, el impacto diferenciado que suponen para las mujeres.

Las familias conformadas por parejas del mismo sexo no deben ser sometidas a trámites administrativos innecesarios porque afectan de manera grave tanto a la madre como al hijo menor de edad, ambos sujetos de protección constitucional reforzada.