La Magistratura constitucional colombiana adujo que los ciudadanos cuentan con mecanismos judiciales para exigir que se acaten las decisiones.
La Magistratura constitucional colombiana adujo que este derecho se satisface con la realización de exámenes y la consecuente prescripción de tratamientos que se deben determinar con el máximo grado de certeza permitido por la ciencia y la tecnología para aplicar el procedimiento médico más adecuado.
La Magistratura constitucional colombiana expresó que esta iniciativa se presenta como mecanismo de inclusión, participación e integración ciudadana, resaltando la importancia y los aportes de la población indígena al desarrollo de la sociedad.
El Magistrado Lizarazo señaló que el verdadero reconocimiento del otro, con sus necesidades y derechos, parte de un diálogo genuino entre todos los implicados, y esto es precisamente lo que ha querido promover la Corte Constitucional en este encuentro.
La Magistratura constitucional de Colombia adujo que, el derecho sancionatorio como la pérdida de investidura, implica que el juez valore no solamente la configuración de la causal de pérdida de investidura desde el punto de vista objetivo, sino que es preciso valorar la conducta del procesado.
La Magistratura constitucional colombiana adujo que esto, rebasa la frontera del derecho a la libertad de expresión, con grave afectación de las garantías de un tercero, susceptible de ser protegidas por parte del juez constitucional.
La Magistratura constitucional colombiana acogió el amparo a esta garantía constitucional e impartió una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo su goce.
El eje central del evento será “Diversidad y Reconocimiento”, en torno al cual se hablará sobre las luchas de los movimientos sociales por el reconocimiento de las diferencias, los éxitos alcanzados y las agendas pendientes en relación con los pueblos étnicamente diferenciados, las mujeres, las personas con capacidades diversas y la población campesina, entre otros grupos de especial protección.
La Magistratura constitucional colombiana adujo que ni el juez del caso, ni las fiscalías que actuaron dentro del proceso penal, permitieron un acceso real y efectivo a la administración de justicia, ni ejercer en debida forma el derecho de defensa del imputado.
La Magistratura constitucional colombiana insistió a la universidad sobre la necesidad de liderar el diálogo y el acercamiento con la estudiante, a fin de actualizar las medidas de acompañamiento académico, de acuerdo con las necesidades específicas de la joven, para que pueda continuar con su proceso educativo.
