En cumplimiento al imperativo derivado de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, y a la propia regulación que se ha dado el Poder Judicial a propósito de la dictación del “Protocolo de acceso a la justicia de personas con discapacidad.”
El Tribunal debe hacerse cargo, al fundamentar su decisión, de toda la prueba producida incluso de aquella que hubiere desestimado.
La orden de detención despachada en contra del recurrente deviene en ilegal, toda vez que del mérito de los antecedentes aparece que no ha sido legalmente citado a la presencia judicial.
La causal de nulidad de la letra b) del Artículo 373 del Código Procesal Penal se encuentra destinada a conocer infracciones efectuadas a normas sustantivas del derecho penal y no a infracción de normas procesales.
El artículo 295 del CPP no exige número ni tipo de prueba determinado como tampoco limita los tipos de medios de prueba a presentar y menos restringe los hechos sobre los cuales puede referirse.
Se trata de una sanción principal que cuenta con una regulación específica, dada por la norma del artículo 196 de la Ley 18.290 que, no considera rebaja.
El acto impugnado emana de una resolución dictada por un tribunal competente, que ha actuado dentro de la esfera de sus atribuciones, aplicando correctamente la normativa legal del caso.
El máximo Tribunal otorgó un plazo de 90 días.
La denunciada puso término anticipado a la contrata de la actora quien denunció vulneración de su derecho de igualdad ante la ley.
Los razonamientos esgrimidos en la sentencia impugnada constituyen la tesis correcta.
El acto impugnado se fundó en lo dispuesto en el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas.
