La finalidad de las vacaciones anuales retribuidas es permitir que el trabajador descanse de las tareas que le incumben según su contrato de trabajo y que disponga de un período de ocio y esparcimiento. A diferencia de una enfermedad, un período de cuarentena no impide, en sí mismo, la consecución de estos fines.
La actora alegó que la excesiva demora en la resolución de la solicitud de alzamiento de la clausura vulnera el derecho a desarrollar su actividad económica.
Las cuarentenas decretadas como medida de prevención en contra de la pandemia por covid-19 no violan el derecho a la libertad de la Convención Europea de Derechos Humanos.
La medida reprochada ha sido adoptada por la autoridad en el ejercicio de sus atribuciones, por lo que disipa cualquier imputación de ilegalidad.
Las restricciones que se imponen al comercio se enmarcan dentro de la política pública para evitar la propagación del contagio por Covid-19, cuyo mérito o conveniencia no le corresponde al Poder Judicial.
Por haber perdido vigencia el decreto impugnado, debido al cambio de fase de la comuna, el recurso perdió de oportunidad.
El Tribunal de alzada rechazó con costas la reclamación deducida por la concesionaria en contra de la resolución que la sancionó por vulnerar la norma que prohíbe exhibir contenidos audiovisuales que dañen o pongan en riesgo la salud e integridad física y psíquica de la población.
La consulta fue realizada al ente contralor por Municipalidad de Ñuñoa.
El actor alegó que la medida es arbitraria al no considerar hipótesis de excepción.
Sin embargo, el fallo pone de relieve que la sucesiva extensión del periodo de catorce días debilita extraordinariamente la justificación de la proporcionalidad necesaria para mantener la conclusión de que el sacrificio de derechos fundamentales es proporcionado.
La autoridad sanitaria está facultada para dichas restricciones según los artículos 36 y 57 del Código Sanitario.
