La propuesta busca establecer un caudal mínimo para el usuario afectado por morosidad, asegurando el acceso a agua potable al menos para el consumo humano, dado que “la importancia del agua para la supervivencia es fundamental. Un ser humano puede vivir sin la ingesta de líquidos solamente de dos a 4 días. Esto se debe a que el agua comprende aproximadamente el 60% del peso corporal humano, siendo el mayor componente de nuestro organismo.
Aunque se reconoció la adopción de medidas por parte del municipio tendientes a mitigar la crisis hídrica que afecta a la localidad, estas son insuficientes, configurándose de esa manera un comportamiento omisivo de la entidad edilicia, que vulnera los derechos fundamentales de los protegidos.
La sequía persistente no sólo genera consecuencias negativas a los agricultores, sino que también provoca daños irreversibles a la naturaleza y a la biodiversidad.
Los habitantes acusan que no tienen acceso de manera permanente y constante a agua segura, por lo que deben recurrir a camiones que reparten agua no apta para el consumo humano.
Toda persona en razón de su dignidad tiene el derecho a acceder al agua potable, en condiciones de igualdad y no discriminación.
La propuesta busca garantizar los derechos humanos al agua y mejorar las condiciones de sanidad de los terrenos que son indispensables para una vida digna.
La Magistratura constitucional colombiana encontró que los miembros de la comunidad debían trasladarse durante más de 3 horas para acceder al agua, y que, en todo caso, tales fuentes no resultaban aptas para consumo humano.
La Magistratura constitucional colombiana acogió el amparo a esta garantía constitucional e impartió una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo su goce.
El derecho al agua es una garantía fundamental protegida en múltiples Tratados Internacionales de Derecho Humanos.
