Norma que niega recurso de apelación contra resolución que concede medida precautoria en juicios de arrendamiento de predios urbanos, no produce resultados contrarios a la Constitución.
Si bien el asunto tuvo dificultades operativas, debido a que exigió el nombramiento de conjueces, ello no justifica una tardanza de más de 21 años. Además, a lo largo del proceso se presentaron periodos de inactividad que no fueron justificados por el Estado y durante los cuales el afectado presentó diversas solicitudes de impulso procesal que no fueron atendidas.
El descuento efectuado a la remuneración del recurrente es un acto abusivo, debido a que la Caja de Compensación pretende hacerse del cobro de su crédito sin acudir ante la judicatura respectiva, vulnerando el derecho de propiedad del actor.
La recurrida debe abstenerse de continuar con los descuentos y devolver los montos retenidos. Dicho acto afecta el derecho de propiedad del actor, sin perjuicio de las acciones ordinarias que le otorga la justicia para perseguir el cobro de lo adeudado.
El requirente alega que al negársele el recurso de apelación en contra de la resolución que no excluyó un bien inmueble del concurso, se transgreden sus garantías de igualdad ante la ley, debido proceso y propiedad.
La aplicación automática de la confiscación en casos de urbanización ilícita no se ajusta a los principios derivados de la jurisprudencia del Tribunal sobre el artículo 1 del Protocolo Nº 1, que consagra el derecho de propiedad. Sin embargo, el cambio de uso de suelo designado y la pérdida de la condición de suelo edificable no fueron planteados en el marco de la sentencia de fondo.
La omisión señalada evidencia la existencia del defecto de motivación acusado, vicio que habilita el recurso de casación, ya que -independientemente del criterio sustancial que el órgano de alzada pudiera asumir sobre el particular- el marco procesal de la causa exigía el tratamiento del argumento defensivo central planteado por la apelante.
El requirente alega que el precepto legal impugnado establece sanciones extremadamente gravosas y no atiende a las circunstancias del caso particular, lo que vulnera la igualdad ante la ley, el debido proceso, entre otras garantías constitucionales.
Los requirentes estiman que la aplicación de estos preceptos legales produce diversos efectos inconstitucionales.
Los documentos acompañados acreditan que el actor cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente, y acreditan su voluntad de mantener sus aportes previsionales y contar con un régimen de seguridad social en Perú.
