En medio de una investigación por irregularidades en un remate, y la pérdida de 25 lotes de alhajas, la Dirección General de Crédito Prendario dio curso al descuento del 50% de la remuneración del funcionario investigado, quien se enteró de dicha cautelar al momento de recibir su liquidación de remuneraciones, por lo que acusó a la entidad de infringir el artículo 51 de la Ley Nº19.880 al no notificar la sanción, y vulnerar así su derecho de propiedad.
No se produjo ninguna privación retroactiva de las subvenciones. El sistema no había fijado un rendimiento específico de la inversión. Por el contrario, había sido flexible y podía reaccionar a los cambios en el entorno comercial. No se creó una “expectativa legítima” de que el retorno de la inversión seguiría siendo el mismo durante toda la vida útil de la instalación.
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El tribunal Supremo estimó que las apreciaciones de un jefe de servicio no experto en ciencia médica, no pueden prevalecer respecto de la evaluación del COMPIN, órgano especializado y calificado en materias de salud laboral; por lo tanto, dejó sin efecto la resolución que declaró vacante el cargo de la actora y ordenó su inmediata reincorporación al servicio.
La propuesta busca resguardar el derecho de las víctimas de incendios, evitando abusos por parte del Estado, estableciendo que la comisión encargada de determinar el monto provisional de la indemnización tenga en consideración el valor del bien con anterioridad al incendio.
La instalación de la antena de telefonía celular cumplió con los trámites previos ante el municipio, y no constituye -en principio- ningún riesgo para la salud de los vecinos, ni para la salubridad de las aguas de un pozo cercano utilizado por la comunidad, como quisieron hacer ver los recurrentes para solicitar su desinstalación.
La doctrina de los actos de Estado fue interpretada de manera restrictiva por los tribunales administrativos, que habían desarrollado el concepto de acto disociable del comportamiento de los diplomáticos franceses.
La Magistratura rechazó, por unanimidad, el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 30 y 31 del DFL Nº5, del Ministerio de Agricultura, del año 1968, al considerar que aquellos no resultarían decisivos en la resolución del asunto constitutivo de la gestión judicial pendiente, consistente en un recurso de apelación y casación en la forma.
La magistratura observó que entre la resolución que dispuso el licenciamiento y la toma de razón, transcurrieron más de siete años, tiempo en que el recurrente permaneció en la institución castrense en plena incertidumbre; por lo tanto, la acción disciplinaria se encuentra prescrita y es improcedente tomar razón de la sanción impuesta.
Las limitaciones impuestas por la autoridad desnaturalizan el ejercicio del derecho de propiedad. El a quo concluyó dogmáticamente que las ordenanzas respectivas impusieron una mera restricción administrativa, omitiendo ponderar concretamente la intensidad de las limitaciones.
La actora denunció la usurpación -por parte de la recurrida- de gran parte de un inmueble que junto a sus hermanos heredó de su madre, el que sería utilizado para ampliar los estacionamientos de un restorán. La recurrida se allanó al recurso, indicando que fue estafada por un tercero que se hizo pasar por dueño del sitio y se lo vendió.
