No se produjo ninguna privación retroactiva de las subvenciones. El sistema no había fijado un rendimiento específico de la inversión. Por el contrario, había sido flexible y podía reaccionar a los cambios en el entorno comercial. No se creó una “expectativa legítima” de que el retorno de la inversión seguiría siendo el mismo durante toda la vida útil de la instalación.
La instalación de la antena de telefonía celular cumplió con los trámites previos ante el municipio, y no constituye -en principio- ningún riesgo para la salud de los vecinos, ni para la salubridad de las aguas de un pozo cercano utilizado por la comunidad, como quisieron hacer ver los recurrentes para solicitar su desinstalación.
La doctrina de los actos de Estado fue interpretada de manera restrictiva por los tribunales administrativos, que habían desarrollado el concepto de acto disociable del comportamiento de los diplomáticos franceses.
La Magistratura rechazó, por unanimidad, el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 30 y 31 del DFL Nº5, del Ministerio de Agricultura, del año 1968, al considerar que aquellos no resultarían decisivos en la resolución del asunto constitutivo de la gestión judicial pendiente, consistente en un recurso de apelación y casación en la forma.
La magistratura observó que entre la resolución que dispuso el licenciamiento y la toma de razón, transcurrieron más de siete años, tiempo en que el recurrente permaneció en la institución castrense en plena incertidumbre; por lo tanto, la acción disciplinaria se encuentra prescrita y es improcedente tomar razón de la sanción impuesta.
Las limitaciones impuestas por la autoridad desnaturalizan el ejercicio del derecho de propiedad. El a quo concluyó dogmáticamente que las ordenanzas respectivas impusieron una mera restricción administrativa, omitiendo ponderar concretamente la intensidad de las limitaciones.
La actora denunció la usurpación -por parte de la recurrida- de gran parte de un inmueble que junto a sus hermanos heredó de su madre, el que sería utilizado para ampliar los estacionamientos de un restorán. La recurrida se allanó al recurso, indicando que fue estafada por un tercero que se hizo pasar por dueño del sitio y se lo vendió.
La recurrida efectuó un descuento desde la remuneración del actor en octubre de 2023, en circunstancias que el crédito social fue otorgado en 2017, por ende, el máximo Tribunal estimó que la deducción fue reiniciada de forma inoportuna, y sin ejercer las acciones judiciales que le asistían a la recurrida para obtener el pago de su crédito.
El máximo Tribunal ordenó a la Tesorería General y a un Banco respetar el límite al embargo de la remuneración, establecido en el artículo 57 del Código del Trabajo, y restituir los montos indebidamente descontados a la actora para satisfacer el pago de deudas de impuestos.
El litigio debe seguirse ante un juez civil mediante un juicio de lato conocimiento, debido a que las partes no poseen derechos indubitados y no existe vulneración de los derechos de la madre de los actores.
La normativa impone límites a las facultades del dueño único y exclusivo de la vivienda o local como elemento privativo, límites que, en este caso vienen constituidos con la prohibición de realizar una serie de actividades tanto en elemento privativo como en el resto del inmueble, es decir, actividades prohibidas por los estatutos, dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.
