La recurrente acusó que el alcalde de la comuna decidió no renovar su contrata, en circunstancias que al llevar 10 años en ejercicio continuo del mismo cargo le asistía el principio de legítima confianza, por lo que el acto del edil careció de motivación suficiente y vulneró la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad de la actora.

La decisión, si bien es discrecional del Ejército, no es óbice para que sea carente de fundamentación, debido a que la única manera de privar de su rango a un oficial destacado es mediante sumario administrativo, o un proceso de evaluación que arrojara una calificación deficiente, ambas hipótesis que no concurren en la especie, por lo tanto, el actor debe seguir en la línea de mando.

Si la recurrida estima ser titular de dominio sobre el retazo de terreno que reclama y sobre el que pretende construir, lo que procede es que prosiga la tramitación del juicio ordinario sobre acción reivindicatoria que inició, pero no que ejecute vías de hecho ni actos materiales en uso de una autotutela prohibida.

En atención al principio de especialidad, el tribunal Supremo estimó que la compensación realizada a los recurrentes vulneró su derecho de propiedad, debido a que la Ley Nº20.027 contempla mecanismos especiales para perseguir el cobro de las deudas de estudios superiores, y dichas normas deben ser empleadas con preferencia a las facultades compensatorias generales que posee la Tesorería en atención al artículo 34 del D.L. Nº1.263.

La recurrida se negó a cumplir el pacto fundado en una enfermedad preexistente, no obstante, no acreditó que los padecimientos previos del asegurado tuvieran relación con el siniestro denunciado, por lo tanto, debe pagar todos los gastos médicos desembolsados por el actor.

La Corte de Puerto Montt ordenó al recurrido abstenerse de bloquear el libre tránsito de los recurrentes hacia sus parcelas, sin perjuicio de las acciones que en derecho le corresponden, decisión que fue confirmada por la Corte Suprema en alzada, al estimar la existencia de vías de hecho para imponer justicia por mano propia, y no utilizar las acciones que la ley reconoce al recurrido.

La magistratura consideró que la acción cautelar no es idónea para impugnar la orden de demolición, debido a que el recurrente no posee un derecho indubitado, y el acto recurrido debió ser cuestionado por medio de un reclamo de ilegalidad.

Lo que no puede admitirse en modo alguno es el dictado de resoluciones judiciales sin la intervención en el procedimiento de las personas que resulten directamente afectadas por su ejecución, pues de esta forma se vulneraría el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en su manifestación de derecho a la defensa y a la práctica de los medios de prueba pertinentes.

La falta de adopción y publicación por parte del Gobierno de la metodología necesaria para conceder la indemnización a la que tenían derecho las asociaciones demandantes podría considerarse como una injerencia en el ejercicio efectivo del derecho protegido por el artículo 1 del Protocolo 1 en términos de una falta de garantizar el ejercicio de ese derecho.

Las partes deberán acudir ante la magistratura ordinaria para constituir la servidumbre respectiva, y debatir los acerca de los derechos que les asistan, discusión que debe ser conocida en un juicio de lato conocimiento, y no en sede cautelar.