El fuero de maternidad es de naturaleza constitucional y, por tanto, debe garantizarse en cualquier tipo de relación laboral o contractual. De esta manera, el juez constitucional está autorizado para intervenir y hacer efectiva la garantía constitucional de protección a la mujer embarazada.
El máximo Tribunal estableció que el traslado de la funcionaria a Santiago, ciudad en la que no cuenta con red ni apoyo familiar, resulta arbitrario y atenta contra los principios de resguardo y protección de la maternidad, consagrados en la legislación interna y en tratados internacionales.
El tribunal de alzada confirmó la resolución del 7º Juzgado de Garantía de Santiago que acogió la solicitud de la Defensoría Metropolitana Norte por estimar que existen condiciones inadecuadas en el Centro de Detención Preventiva de San Miguel para la atención de embarazadas.
La iniciativa -que está siendo estudiada por la Comisión de Mujer y Equidad de Género- recibió una treintena de indicaciones y avanza, además, en el ámbito de la salud ginecológica y sexual.
El Tribunal de alzada descartó infracción a las reglas de apreciación de la prueba en el fallo que rechazó el recurso.
El máximo tribunal estableció que, si bien, la recurrente fue contratada bajo modalidad de honorarios por un plazo fijo, le son aplicables las normas del Código del Trabajo sobre protección a la maternidad.
El Tribunal de alzada descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió la demanda.
El máximo Tribunal estableció actuar arbitrario del Servicio de Salud de Chiloé por desvincular a la doctora por supuestamente prestar servicios en forma transitoria, cuando en realidad realizó reemplazos por casi un año.
El Tribunal de alzada descartó infracción a las reglas de la sana crítica en la sentencia recurrida, dictada por Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que rechazó la petición de autorizar el término a la relación laboral.
Se regula como falta, el acoso sexual sin contacto corporal, incorporando sanciones a la difusión de material íntimo y el hostigamiento mediante actos o expresiones verbales de carácter sexual.
Agrega nuevas causales para excusarse de realizar las labores de vocal de mesa.
