Si bien cada situación debe ser analizada en particular, la regla general indica que los atrasos o ausencias de los trabajadores afectados, califican como circunstancias imponderables, que no deben ser sancionados.
Los dineros han permanecido en su poder en calidad de depositario, por lo tanto, la distracción de los fondos, más allá de significar una deuda con los dependientes, constituye, además, un ilícito penal previsto en el artículo 19 inciso final del Decreto Ley N°3.500.
El máximo Tribunal indicó que sólo el despido por necesidades de la empresa habilita al empleador a efectuar el descuento, según lo establecido en el artículo 13 de la Ley N°19.728.
Cuando el despido es declarado improcedente, se priva de sustento a la aplicación del inciso segundo del artículo 13 de la Ley N°19.728, razón por la que el empleador no puede descontar el aporte realizado a la cuenta del seguro de cesantía del trabajador.
Por lo anterior, es posible para estimar que el actor tomó conocimiento de la fiscalización en que se constató la infracción sancionada.
Se modifica la responsabilidad del empleador en caso que no realice en forma oportuna e íntegra el descuento de remuneraciones para proceder al pago de las pensiones de alimentos.
El plazo entre la fecha de publicación en el Diario Oficial del Decreto impugnado y la fecha de interposición del recurso, excede al establecido en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.
La resolución que concede el apremio no es apelable, por lo que la deniega debe ser también apelable para que el Tribunal de Alzada pueda pronunciarse y revertir lo resuelto por el juez a quo.
El Tribunal declaró que las empresas constituyen una unidad económica y/o único empleador, por lo que la organización sindical recurrente está facultada para afiliar a cualquier trabajador que preste servicios, actualmente o en un futuro, para las demandadas.
Cuando el despido del trabajador se debe a necesidades de la empresa que hacen necesaria la separación de uno o más trabajadores.
