No se demostraron las pretendidas causas organizativas y productivas alegadas por la empresa, ni tampoco se respetaron los criterios de antigüedad y proximidad al domicilio a los que se refiere la normativa aplicable.

Las expresiones que constan en los mensajes, evidencian una actitud hostil y amenazante. Consta en las actuaciones transcripción de los mensajes no impugnados por la denunciada y aunque negara haberlos enviado, reconoció ser la responsable del dominio del email desde el que se enviaron.

La norma proclama la libertad de pensamiento, ideas y opiniones, no la de insultos ni calificativos degradantes, sin que pueda disculpar la utilización de expresiones ofensivas “cabrón” y “chorizo”, una incorrección del lenguaje que estará tolerada en las conversaciones amistosas, pero no empleadas con afán de zaherir y ofender a quien se dirigen o refieren.

Hay una evidente carencia de conocimientos médicos del actor, que quedó de manifiesto cuando la víctima se desmayó y a pesar de ello, todos continuaron con la ceremonia durante varios minutos.

La dimisión o voluntad unilateral del trabajador de extinguir el vínculo contractual que le une a su empresario, puede manifestarse de forma expresa o de manera tácita. En el presente caso, hay manifestación expresa, por parte del trabajador de su intención de finalizar la relación laboral existente, pues así se extrae del contenido del WhatsApp remitido a la empresa.

La posibilidad de ausentarse del trabajo para participar en las consultas electorales, mediante la concesión a los trabajadores de un permiso retribuido, se configura como un acto de ejecución de un derecho fundamental. La importancia que el derecho de sufragio tiene en el sistema democrático justifica que los poderes públicos traten de favorecer la participación de quienes tienen mayores dificultades para votar.

A pesar de las circunstancias consideradas por el juzgador de instancia que van en la línea de matizar la culpabilidad de la trabajadora, lo cierto es que esta incumplió tanto con la normativa interna de la empresa que se le había transmitido, como con su deber de diligencia, quebrando la confianza depositada en ella por parte de la empresa, llevando a cabo una actuación que puede calificarse de imprudente.

El artículo 17 del Convenio de Montreal establece una responsabilidad objetiva del transportista aéreo, desligada del elemento culpa, al señalar que, responde “por la sola razón de que el accidente que causó la muerte o lesión se haya producido a bordo de la aeronave o durante cualquiera de las operaciones de embarque o desembarque.

No hay duda de que la discapacidad y la condición de indigente de la víctima dificultan mucho lograr su localización y citación a juicio. Pero ello no puede justificar que no se proceda a agotar todos los medios posibles para su localización, máxime cuando, además de la presunta víctima, es la prueba principal del proceso.

El a quo ha copiado casi literalmente los párrafos del escrito de acusación del Fiscal que contenían un error de fechas y lo ha arrastrado a los hechos probados, vulnerando la doctrina de que las sentencias deberán ser fundamentadas y deben huir de estereotipos o “copia-pega”. Desde la perspectiva de su estructura puesta de manifiesto en la configuración de los hechos probados, resulta irracional.