La escrituración permite dar cumplimiento a las actuales exigencias impuestas por los principios de “probidad, transparencia, y publicidad”, que hacen posible el control de la administración por órganos fiscalizadores, como también el escrutinio público de autoridades y sus decisiones.
Además, fue condenada al pago de una multa por infracción al artículo 3 letra d) de la Ley N°19.496, que establece el deber de todo proveedor de brindar seguridad en el consumo de los bienes o los servicios entregados.
El tribunal estableció que, independiente de que el hecho haya sido cometido por terceras personas, esto no exime de responsabilidad a la empresa denunciada, pues le son exigibles medidas de cuidado que cautelen la seguridad de sus consumidores.
El impugnante persigue el establecimiento de un hecho nuevo, pero los hechos de la causa fijados por los jueces de fondo resultan inamovibles y no es posible su revisión por la vía de la nulidad, salvo que se denuncie eficientemente infracción a las leyes reguladoras de la prueba.
La limitación fundada en las dimensiones del vehículo y las eventuales molestias para los vecinos, son un obstáculo al derecho de propiedad que le asiste al actor.
El Tribunal de alzada confirmó, con declaración, la sentencia impugnada.
La discusión central incide en una materia de interpretación contractual que excede los márgenes de la acción constitucional.
El Tribunal de alzada ratificó la sentencia impugnada, dictada por el Primer Juzgado de Policía Local de Puente Alto.
La sentencia señaló que, los recursos de casación en la forma y en el fondo sólo resultan admisibles en contra de las sentencias definitivas señaladas taxativamente en los incisos tercero y cuarto del artículo 26 de la Ley N°20.600.
El Tribunal estableció responsabilidad del centro de salud por no mantener condiciones de seguridad y señalética en la zona de desplazamiento de usuarios.
La Corte de Apelaciones de Santiago indicó que es posible afirmar que la recurrida, incurrió en actos de autotutela.
