El máximo Tribunal estimó arbitraria la decisión de trasladar a la actora al mismo recinto donde trabaja un funcionario que ella denunció por acoso laboral y cuyo sumario se encuentra pendiente, vulnerando con dicha decisión el derecho a la vida e integridad psíquica de la funcionaria.
El objeto de la ley es hacerse cargo del incremento sostenido de la población que ingresa a los establecimientos penitenciarios, ya sea para cumplir la medida de prisión preventiva o una condena penal y, a la vez, dar solución al hacinamiento y la falta de plazas disponibles en los recintos penales.
Establece que el informe que emite Gendarmería de Chile debe ser considerado por la Comisión que resuelve la concesión del beneficio, como un “antecedente calificado” al momento de resolver la solicitud.
El fallo plantea una serie de acreditaciones como motivación del acto administrativo, propio del control jurisdiccional latente en un Estado de Derecho, elevando un estándar de justificación de Seguridad Nacional para desestimar el arraigo familiar del penado con más de 1.841 kilómetros de distancia.
El máximo Tribunal indicó que la caducidad de la acción de tutela no puede ser declarada por los jueces del fondo si el procedimiento se inició con una medida prejudicial de exhibición de documentos, ya que tal gestión interrumpe el plazo del artículo 168 del Código del Trabajo; por ende, los recurridos vulneraron el derecho a tutela judicial efectiva del trabajador al dejarlo en indefensión.
Gendarmería no acompañó mayores antecedentes sobre la cantidad de funcionarios del servicio, ni de los dedicados a las labores de transparencia, ni del volumen y de las labores que tendría que realizar para recopilar la información requerida por lo que no se configura la causal invocada.
Recurso de protección interpuesto por AGPP Abogados se enmarca en situación vivida por un Teniente Coronel de la planta de Oficiales Penitenciarios de Gendarmería de Chile, a quien luego de denunciar apremios ilegítimos por parte de un funcionario contra un interno se le prohibió ingresar al Centro Penitenciario Bío Bío donde cumplía labores como Jefe de Régimen interno.
L Primera Sala del tribunal de alzada acogió las acciones de amparo al considerar que el imperio del derecho de los internos se encontraba vulnerado.
El Tribunal de alzada hizo lugar al recurso y autorizó, ante eventuales complicaciones, a la institución penitenciaria a conducir a los reclusos hasta el establecimiento de salud más cercano, en lo posible intercultural, con el objetivo de asegurar su derecho fundamental a la vida y a la integridad física.
La omisión de la Subsecretaría y la tardanza de Gendarmería no pueden repercutir negativamente en el funcionario quien esperaba que la gestión ordenada por artículo 87, letra d), del Estatuto Administrativo estuviese cumplida (además de encontrarse de buena fe, lo protege la confianza legítima).
Tres órganos públicos, -Dirección Nacional de Gendarmería de Chile, Ministerio de Justicia y Derecho Humanos y CGR- coincidieron en la misma conclusión: que el actor debía ser destituido de su cargo, motivo suficiente para desestimar la acción.
