Este es un requisito esencial para el funcionamiento de los denominados “negocios de barrio”, y que no pudo ser acreditado por la recurrente, por lo tanto, el municipio recurrido no le impidió ejercer una actividad económica, sino, el cumplimiento de un requisito legal para seguir funcionando como microempresa.

La sentencia condenatoria fue dada a conocer al imputado únicamente en su parte resolutiva, por lo que aquel no pudo conocer los fundamentos de la decisión del tribunal, acto que contradice el mandato del artículo 39 del Código Procesal Penal en relación al artículo 396 del mismo texto legal.

La orden detención despachada, fue emitida en audiencia, a solicitud del Ministerio Público, y previo debate de los intervinientes, por autoridad competente, dentro de la esfera de sus atribuciones.

La sentencia que condenó a la recurrente por regularizar maliciosamente un inmueble fue dada a conocer únicamente en su parte resolutiva, siendo transcrita íntegramente 2 semanas después de dictada, lo que vulneró el derecho de la acusada a conocer los motivos de la magistratura para imponer el castigo, y de esta forma ejercer oportunamente su derecho a recurso.

El artículo 39 del Código Procesal Penal, impone a la magistratura el deber de dar a conocer íntegramente por escrito los fundamentos que sustentan la decisión condenatoria, y no sólo la parte resolutiva del fallo, en caso contrario, el Tribunal vulnera el derecho a defensa del acusado.

Así lo establece el artículo 39 del Código Procesal Penal, por ende, si la magistratura sólo comunica la parte resolutiva del fallo, vulnera el derecho del acusado a conocer los fundamentos que el tribunal consideró para arribar a la decisión condenatoria.

La celeridad en los procesos orales no es óbice para sólo dar a conocer la parte resolutiva de la sentencia, pues aquello vulnera el debido proceso del acusado al privársele de conocer los fundamentos de su condena.

Dar a conocer sólo la parte resolutiva de su decisión, vulnera el derecho de la acusada a conocer los fundamentos del fallo que la condena, según establece el artículo 396 del Código Procesal Penal, en relación al artículo 39 del mismo texto.

El imputado intentó anular la sentencia y el juicio sobre la base de no haber sido informado oportunamente por el Ministerio Público de los elementos de prueba en su contra, mediante dicho requerimiento, petición que fue desestimada por el máximo Tribunal al considerar que, por la naturaleza del acto, el ente persecutor no está obligado a presentar una lista detallada de cada prueba, ya que, de ser así, la solicitud de cambio de procedimiento sería inviable en la especie.

En el procedimiento simplificado la formalización no es exigida para solicitar medidas cautelares.