No tiene sentido la invocación de la perspectiva de género cuando la norma a interpretar afecta exactamente por igual y sin distinción alguna a mujeres y hombres, de forma que carezca de cualquier incidencia en la aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades.

Aun no habiendo incorporado a la causa el documento auténtico, ello no implicaba que no hubiera quedado acreditada la existencia de la deuda, pues en el proceso penal ninguna prueba tiene preferencia sobre otra.

La madurez sexual, en la pornografía infantil, por deseo expreso de la norma, no resulta relevante; consecuencia del bien jurídico protegido, el derecho personalísimo reforzado al desarrollo equilibrado del menor, en concreto en relación a su desarrollo sexual.

Por más explicaciones que se quieran buscar, la versión de los hechos que da el acusado es objetivamente increíble, ya que el policía fue quien se autolesionó.

Cuando se trata de la difusión de la imagen de menores en medios de comunicación, el consentimiento, bien del menor maduro, bien de sus representantes, es insuficiente para legitimar la intromisión si se aprecia el riesgo de daño al interés del menor.

No cabe duda de que, entre los datos que los ciudadanos procuran reservar con mayor celo del conocimiento de otras personas están los correspondientes a su situación económica.

Lo que debe tenerse en cuenta es la «suficiencia» de los datos que le son aportados al juez para autorizar la intervención telefónica que cuestiona el recurrente y que alejan del carácter de prospectiva la decisión judicial adoptada.

En el hipotético caso de que hubiera existido torturas y que las declaraciones policiales se obtuvieran bajo las mismas, es preciso dejar sentado que la declaración condenatoria de la procesada no se efectúa en base a estas declaraciones policiales.

La jurisprudencia ha exigido para su aplicación un requisito fáctico consistente en una pluralidad de acciones u omisiones, de hechos típicos diferenciados que no precisan ser singularizados ni identificados en su exacta dimensión. Es precisamente esta pluralidad dentro de la unidad final, lo que distingue al delito continuado del concurso ideal de delitos.

El máximo Tribunal estableció yerro en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que declaró el abonado del procedimiento, por lo que le ordenó, por sala no inhabilitada, emitir pronunciamiento sobre los recursos de apelación subsidiarios presentados.