El máximo Tribunal confirmó la resolución recurrida, que estableció la responsabilidad de la empresa en el fallecimiento del trabajador, pero consideró insuficiente el monto de la indemnización por daño moral, regulado para sus cercanos.

El permiso de edificación impugnado se comunicó conforme a derecho a los vecinos del sector a través de múltiples publicaciones a las afueras de la construcción y a través de correos electrónicos a las juntas de vecinos de la comuna.

El máximo Tribunal estableció que la ley sobre reorganización y liquidación reserva el recurso de apelación a casos expresamente consignados.

El máximo Tribunal estableció error de derecho del Servicio de Evaluación Ambiental al aprobar proyecto cuya área de influencia abarca tierras indígenas protegidas.

La Dirección General de Aeronáutica Civil no controló ni otorgó asistencia al demandante luego de ser agredido, lo que contraviene su deber de controlar y fiscalizar los aeródromos públicos y privados.

Para que opere la presunción de culpabilidad del artículo 2329 del Código Civil es necesario probar que la demandada incurrió en conductas u omisiones en la realización de una actividad peligrosa.

La evaluación ambiental se llevó a cabo sin respetar las instancias de participación que nuestra legislación reconoce a los pueblos originarios.

El tribunal de alzada rechazó la demanda sin realizar el análisis del vínculo de causalidad entre el agente y el daño causado.

Los hechos acusados no constituyen una “penitencia religiosa”, ya que requieren de la libre voluntad y consentimiento previo de la persona que ofrenda su flagelo.

El demandado sigue detentando el cargo de Presidente del sindicato, por lo cual la prescripción de su obligación de rendir cuenta no ha comenzado a correr y se mantiene vigente.