Los municipios pueden ejercer acciones ambientales en contra de las resoluciones de carácter general dictadas por el SEA.
El máximo Tribunal revocó la sentencia impugnada, dictada por el Segundo Juzgado Civil de Rancagua, tras establecer que la demandada cuenta con título idóneo para ocupar la propiedad.
La rebaja de la cuantía de las penas a la que se refiere el artículo 65 del Código Penal es una atribución facultativa y no constituye un imperativo legal para los tribunales del fondo.
El máximo Tribunal descartó infracción de ley en la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de La Serena, que confirmó la de primera grado que acogió parcialmente la demanda y ordenó el pago de la suma de $6.050.000.
La inscripción es requisito, prueba y garantía de la posesión de un inmueble, por lo que su ausencia obsta la adquisición de su dominio.
El máximo Tribunal estableció que no hubo error de derecho en la sentencia atacada, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que confirmó la de primer grado que no hizo lugar a la demanda.
El tribunal de alzada no realizó un análisis de las fechas de prescripción discutidas en la causa y no justificó legítimamente el rechazo de la demanda.
La conducta de los acusados se enmarca dentro los denominados “delitos de lesa humanidad” y resultan imprescriptibles e inamnistiables en conformidad al Derecho Penal Internacional de los Derechos Humanos.
El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia atacada, dictada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que confirmó la de primer grado que sancionó a la pesquera, la cual no acreditó el origen del cargamento incautado y que los especímenes superaban la talla mínima para su explotación.
Es un órgano administrativo que carece de legitimación para esgrimir causales de secreto o reserva relacionadas con derechos personalísimos de terceros interesados.
