De igual forma, el Fisco debe indemnizar al hermano de la víctima con la suma de $30.000.000.- a título de daño moral, debido a que el crimen fue cometido por agentes del Estado contra un opositor político del régimen que gobernaba la nación en aquella época.
La agravante del artículo 12 Nº8 del Código Penal, no puede invocarse para aumentar el castigo de quien cometió el delito de secuestro calificado, debido a que dicho tipo penal considera una sanción más severa debido a que el sujeto activo siempre será un agente del Estado.
El máximo Tribunal estableció error de derecho en la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que absolvió a 26 acusados y confirmó la de primer grado que los condenó como autores del homicidio.
La víctima fue retenida por los tres sentenciados quienes utilizando violencia e intimidación lo privaron de su libertad, exhibiéndole un arma de fuego tipo fusil, amenazando con matarlo y exigiéndole la entrega de sus claves bancarias. Mientras mantenían encerrado y retenido, los sentenciados decidieron dar muerte a la víctima.
La Segunda Sala confirmó la sentencia que rechazó la media prescripción y que condenó a César Manríquez Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko, Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, Manuel Andrés Carevic Cubillos y al fallecido Ciro Ernesto Torré Sáez a penas de 10 años y un día de presidio efectivo, en calidad de autores del delito.
Machuca Muñoz durante su estada en el cuartel Londres 38 permaneció sin contacto con el exterior, vendado y amarrado, siendo continuamente sometido a interrogatorios bajo tortura por agentes de la Dina que operaban en dicho cuartel con el propósito de obtener información relativa a integrantes del MIR. La última vez que la víctima fue visto con vida, ocurrió un día no determinado del mes de agosto 1974, encontrándose desaparecido hasta la fecha.
El máximo Tribunal confirmó la sentencia que condenó a Pedro Octavio Espinoza Bravo, Raúl Eduardo Iturriaga Neumann y Miguel Krassnoff Martchenko a 7 años de presidio efectivo, en calidad de autores del delito, tras descartar la prescripción de la acción penal y la media prescripción por tratarse de un crimen de lesa humanidad.
Las impugnaciones incurren en una contradicción manifiesta, ya que no es posible comprender si el error de derecho consiste en no haber interpretado y aplicado certeramente el artículo 141 inciso primero o el artículo 143 del Código Penal.
La hermana de una de las víctimas intentó dejar sin efecto resolución que otorgó la libertad anticipada al cómplice del secuestro de cinco dirigentes sindicales en 1987.
El ministro Cancino procesó a Valentín Evaristo Riquelme Villalobos, en calidad de autor de ambos delitos cometidos en contra de Vergara Silva, quien era menor de edad a la época de los hechos.
La multiplicidad de presunciones se cimienta en hechos reales y probados en base a declaraciones de testigos.
