El requirente alega que la aplicación de la norma vulnera la garantía de la igualdad ante la ley, la prohibición de discriminación arbitraria, el principio de proporcionalidad y la garantía de la seguridad jurídica.

El requirente estima, que la rebaja del precio del inmueble embargado, autorizada por los preceptos impugnados, resulta desproporcionada.

La requirente alega que la aplicación de los preceptos legales impugnados vulnera su derecho a un justo y racional procedimiento, el derecho de propiedad y la seguridad jurídica.

El requirente alega que el precepto impugnado vulnera, entre otros, su garantía constitucional a un debido proceso.

El tribunal de apelación verificó la vulneración de derechos, por lo que una vez advertidas los jueces constitucionales no tienen la obligación de identificar la existencia de vías adecuadas y eficaces en la justicia ordinaria.

Es un valor de primer orden que no puede ser desconocido con invocación de argumentos insustanciales y con la pretensión de suplir omisiones, pues ataca las bases mismas del sistema procesal, cuyo respeto es uno de los cimientos del imperio del derecho.

El requirente estima que se le aplica una sanción injusta y desproporcionada, afectando sus garantías constitucionales.

El derecho a la seguridad jurídica permite a las personas contar con un ordenamiento jurídico previsible, claro, determinado, estable y coherente, que les brinda una noción razonable de las reglas que le serán aplicadas.

El requirente alega que la restricción recursiva no tiene fundamento racional y vulnera el debido proceso.

El requirente alega que, de aplicarse el precepto en el caso concreto, se vulneran sus garantías constitucionales.