La actora alega que el actuar de la Municipalidad devino en ilegal y arbitrario al infringir la Ley de Compras Públicas, su reglamento y los principios de igualdad entre ofertentes, de transparencia y de bilateralidad.
Si el Ministerio hubiera revisado los antecedentes en conformidad a los criterios de las bases, la impugnante sostiene que habría sido admitida a la etapa de evaluación.
La actora aduce que el actuar de la Municipalidad devino en arbitrario al optar por un criterio de evaluación que no se ajusta al contexto del proceso de licitación.
Las exigencias técnicas beneficiarían solo a un oferente, mientras que los demás postulantes dependerían únicamente de una empresa para su abastecimiento.
La demandada al no ser la entidad que llamó a la licitación, no es susceptible de ser considerada sujeto pasivo de la acción.
La actora esgrime que con tales especificaciones se impone una limitación que beneficia solo a algunos oferentes.
Actora impugna la inadmisibilidad declarada porque es una persona jurídica sin fines de lucro y, por tanto, posee la calidad de prestador privado.
Los sentenciadores no incurrieron en errores u omisiones manifiestos que constituyan faltas o abusos graves que sea necesario reprimir o enmendar mediante el ejercicio de atribuciones disciplinarias.
El tribunal de alzada no explicó las consideraciones de hecho y de derecho que se tuvieron en cuenta para desestimar las pretensiones del actor.
Declaró que se suspenden los efectos de la resolución impugnada hasta que el Tribunal de Contratación Pública resuelva las demandas jurisdiccionales presentadas por las demás empresas competidoras.
