La falta de debida diligencia en el proceso que se inició a raíz de la denuncia interpuesta y el incumplimiento de los estándares interamericanos del plazo razonable hicieron nugatorio el acceso a la justicia de la afectada en un alegado caso de violencia obstétrica y mala praxis médica cometida por agentes no estatales.

Salvo error de nuestra parte, es la primera vez en la historia de la justicia internacional que, en el marco de una controversia territorial pendiente de resolución, un Estado intenta mediante una consulta pública a su población decidir sobre el futuro del territorio en disputa bajo examen de los jueces de La Haya.

En 2017, el Consejo de Europa dictó una serie de medidas restrictivas contra Venezuela, debido al deterioro de los derechos humanos en el país, y a la degradación en materia de democracia y Estado de derecho. En virtud de estas medidas se prohibió la venta de equipamiento militar y de orden público que pudiera ser utilizada por el régimen venezolano para reprimir a sus opositores.

Constató que los cuerpos de seguridad tienen prejuicios hacia esta comunidad, lo que estimó como discriminatorio. Recordó que las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo están amparadas por los estándares interamericanos y universales de derechos humanos.

El Estado no contestó a la solicitud de información para que brinde sus observaciones a la solicitud de medidas cautelares. Tomando en cuenta que el propuesto beneficiario se encuentra bajo la custodia del Estado, no resulta posible conocer con mayor detalle si se estuviesen implementando acciones a fin de proteger sus derechos.

El Reino Unido aceptó que la controversia podría resolverse por alguno de los medios previstos en el artículo 33 de la Carta de la Naciones Unidas, y que no tendría ningún papel en ese procedimiento. En estas circunstancias, no entra en juego en este caso el principio del Oro Monetario (que plantea que un tribunal no es competente para resolver cuando un tercero implicado no ha aceptado su jurisdicción).

El texto legal establece la imprescriptibilidad de los delitos en materia civil, cuando hayan posibilitado la adquisición de los bienes confiscados. Tras su incautación deben ser vendidos para contribuir a financiar el gasto público. Algunas ONG han mostrado escepticismo pues perciben que será utilizada para atacar a opositores y adversarios políticos.

Las declaraciones del Fiscal se realizaron como respuesta a un comunicado realizado por el gobierno venezolano, en el que cuestionó la imparcialidad de la Fiscalía y acusó una instrumentalización de la justicia con fines políticos. Previamente, la Corte había ordenado la prosecución de la investigación tras desestimar los alegatos del régimen.

En el informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, del 2017, se identificó un contexto de estigmatización y criminalización a quienes convocan y participan en manifestaciones públicas, aunado a actos de amenazas y hostigamientos contra personas defensoras de derechos humanos.

El máximo Tribunal revocó parcialmente la decisión de la ministra instructora que dispuso la entrega inmediata del actor, y en su lugar, decretó la entrega diferida del acusado, una vez que finalice la investigación y cumpla las eventuales penas que enfrenta en Chile por su participación en diversos delitos violentos.