El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, la igual protección en el ejercicio de los derechos, el derecho de propiedad y el principio de seguridad jurídica, desde que el tribunal redujo el máximo de lo permitido por la norma impugnada en más de un tercio de su justo precio
El requirente alega que se le obliga a vender su inmueble a un precio muy inferior al de mercado, vulnerando sus garantías constitucionales.
El requirente alega que se le obliga a vender su inmueble a un precio muy inferior al de mercado, vulnerando sus garantías constitucionales.
Si el ejecutado solicita -en tiempo y forma- una nueva tasación no resulta procedente fijar el valor del bien conforme al rol de avalúos vigentes, sino que debe procederse a la tasación pericial que es lo que, en definitiva, pretende el requirente. En otros términos, es la inactividad del ejecutado la que habilita a tasar el inmueble conforme al valor señalado en el certificado de avalúo fiscal.
El requirente estima que la restricción de causales para reclamar el avalúo fiscal establecido por el SII vulnera el derecho al debido proceso, la igualdad ante la ley, entre otras garantías fundamentales.
El requirente acusa que la aplicación del precepto legal la priva del ejercicio de su derecho a accionar, a la tutela judicial efectiva, a la igualdad ante la ley, contraviene los principios tributarios de legalidad, igualdad, justicia y capacidad contributiva, a su derecho de propiedad, entre otras garantías constitucionales.
La requirente alega la tasación basada en el avalúo fiscal es desproporcionada y genera un importante menoscabo a su patrimonio.
El requirente alega que se le obliga a vender su inmueble a un precio muy inferior al de mercado, vulnerando sus garantías constitucionales.
El requirente alega que se le obliga a vender el inmueble a un precio injusto, vulnerando sus garantías constitucionales.
El SII ha aplicado un avalúo fiscal desproporcionado, arbitrario y no ajustado a la realidad, al haber contemplado factores no previstos en la Ley N° 17.235, sobre impuesto territorial.
