Un concejal encomendó a ChatGPT la tarea de crear una legislación específica para Porto Alegre (Brasil). El objeto de la ley era claro: prohibir que la Dirección Municipal de Acueductos y Alcantarillados (DMAE) cobrara a los propietarios por la reposición de medidores de agua robados. El texto generado por la inteligencia artificial constaba de ocho artículos y una justificación.
Las autoridades realizaron una investigación tardía e ineficiente para esclarecer las circunstancias en las que murió el hombre, que habría fallecido tras sufrir una golpiza por parte del personal del centro psiquiátrico en que residía. Según la Corte, las diligencias investigativas no se adecuaron a los estándares internacionales.
El contenido del acuerdo es consistente con los estándares en materia de derechos humanos, ya que se integraron elementos como medidas de satisfacción, rehabilitación, compensación económica y de no repetición, que se consideran oportunas dentro del escenario fáctico del caso particular, siendo acordes con los diversos pronunciamientos de la CIDH.
La jurisprudencia ha establecido la distinción entre el derecho al olvido y el derecho a la desindexación, siendo este el derecho invocado en el presente caso, en el que la recurrente pretende desvincular su nombre con cuestiones de descrédito respecto a ser investigado/acusado en un proceso penal, en el que compareció únicamente como testigo. No postula la exclusión de contenidos de investigación de las bases de datos.
Impulsó contratos fraudulentos con empresas estatales y utilizó sus influencias políticas para favorecer a sus cercanos, por lo que recibió millonarios pagos a cambio de estas ayudas. Si bien fue el primer presidente democráticamente electo tras el gobierno militar, fue obligado a dimitir en 1992 tras una serie de escándalos por corrupción.
La propuesta fue presentada tras hacerse pública una investigación policial contra un plan ideado para asesinar a altas autoridades. La iniciativa busca tipificar la conspiración y el entorpecimiento de las investigaciones contra las organizaciones delictivas, y conferir mayor protección a los funcionarios involucrados.
Se han llevado a cabo dos operativos policiales en forma paralela que han dejado hasta el momento decenas de detenidos y una gran cantidad de allanamientos, en distintas ciudades de Brasil. En caso de ser declarados culpables arriesgan hasta 12 años de cárcel.
La nueva normativa impone a las compañías la obligación de optar por métodos de prueba alternativos que estén debidamente autorizados por la entidad competente, para la “investigación científica, desarrollo y control de calidad” de sus productos.
La responsabilidad jurídica de todos los autores y partícipes de los numerosos delitos que atentan contra el Estado Democrático de Derecho debe determinarse con absoluto respeto a los principios del Debido Proceso Legal y del Juez Natural, sin distinción alguna entre servidores públicos civiles o militares.
Se les acusa de realizar actos incompatibles con su función a través de redes sociales. Si bien las investigaciones siguen en curso, ya habrían sido sancionados con el bloqueo de sus cuentas por su marcado activismo político.
Según esta tesis, los pueblos indígenas solo tienen derecho al territorio que estaba ocupado al momento de la promulgación de la Constitución de 1988.
