Entorpece el giro comercial de una constructora que además se encuentra en un proceso de reorganización judicial, lo cual hace imperioso la venta de sus activos para satisfacer los créditos de sus acreedores.

Lo anterior, sin que aquello importe intromisión en facultades privativas del órgano investigador.

El poder liberatorio del finiquito alcanza solo a lo que las partes acuerdan expresamente, sin que pueda extenderse a la responsabilidad derivada de un accidente del trabajo respecto de la cual no hubo consentimiento.

La situación planteada en el recurso de protección se funda en hechos no admitidos por la recurrida, por lo que es necesario y se requiere de un proceso declarativo, no siendo la acción constitucional la vía para solucionar la pretensión del recurrente.

Tal caso corresponde ser discutido y resuelto en un procedimiento de lato conocimiento con las garantías procesales pertinentes (excepciones, prueba y recursos).

No hay medida alguna que esta Corte pueda adoptar para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la afectada, por su fallecimiento, de suerte que el recurso ha perdido oportunidad.

Corte de Concepción estimó que la negativa del CBR para emitir los certificados, justificándose en la ausencia de dominio exclusivo de la actora, vulnera el artículo 50 de su Reglamento, así como la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.

Se enmarca en la fiscalización que realiza Fonasa dentro de sus competencias como administrador de un fondo público, y para verificar el correcto uso de los beneficios de salud que entrega a sus usuarios.

Precisa que durante todo el procedimiento de retiro –y eventual desalojo- se deberán respetar y resguardar la dignidad e integridad de los ocupantes irregulares, quienes deberán ser debidamente informados de las medidas en su contra.

Lo que se pretende a través del presente arbitrio es impugnar una resolución judicial, respecto de la cual existen vías recursivas expresamente contempladas por el legislador al efecto.