Precisa que durante todo el procedimiento de retiro –y eventual desalojo- se deberán respetar y resguardar la dignidad e integridad de los ocupantes irregulares, quienes deberán ser debidamente informados de las medidas en su contra.

Lo que se pretende a través del presente arbitrio es impugnar una resolución judicial, respecto de la cual existen vías recursivas expresamente contempladas por el legislador al efecto.

El máximo Tribunal adopta esta decisión al verificar que la aplicación irrestricta de la ley 21.249 (que imposibilitó el corte de servicios básicos durante parte de la pandemia) beneficia a los ocupantes irregulares del inmueble de la recurrente, pues se generaron deudas a su nombre por consumos que realizaron los primeros.

Con ambas negativas se deja en la indefensión y vulnerabilidad a esta persona que sufre una enfermedad permanente, pues se le impide trabajar y recibir el subsidio de la licencia médica por la cronocidad de la patología y a su vez se le niega pensión por considerar que su incapacidad se encuentra bajo el rango previsto.

En virtud del principio iura novit curia, el sentenciador debe aplicar a la cuestión de hecho las normas legales que la gobiernan.

El obrar arbitrario de la recurrida se configura por su falta de actuación, porque al no iniciar el procedimiento de Hospitalización Involuntaria mantiene la situación de vulnerabilidad e inestabilidad de la persona en favor de quien se recurre.

La póliza establece que la aseguradora puede ajustar el monto de la prima o deducibles, según sus políticas técnicas vigentes, previo aviso al asegurado.

El máximo Tribunal ordenó a la Delegación Presidencial Regional, previa coordinación con las carteras ministeriales e instituciones correspondientes, implementar un plan de medidas que procure la protección integral y eficiente de los recurrentes.

Se trata de la develación de hechos de evidente relevancia pública, situación en la que prima la libertad de información del medio de comunicación, por sobre el interés del actor, en atención al derecho que se reconoce a la ciudadanía de conocer hechos y conductas de relevancia pública.

Por consiguiente, la sanción queda vacía de contenido y sin fundamento jurídico que la legitime.