Al existir una investigación criminal en curso, no se vislumbra como arbitraria o ilegal la actuación del ente persecutor y la policía, debido a que no se puede devolver el teléfono móvil al actor en razón de la complejidad de la investigación y las pericias pendientes.
El 42% de los imputados registró algún tipo de medida privativa de libertad al alero de SENAME u otra institución colaboradora.
La sentencia condenatoria no se encuentra firme ni ejecutoriada, lo cual se refuerza porque el Tribunal Constitucional admitió a trámite el requerimiento de inaplicabilidad respecto del artículo 387, inciso segundo, del Código Procesal Penal, y suspendió el procedimiento.
Se detectó que el imputado, Juan Alejandro Matus Lagos, ingeniero informático y encargado del soporte técnico de las cámaras de seguridad de un establecimiento educacional de la ciudad de Puerto Montt, mantenía en un equipo computacional a su cargo, imágenes almacenadas de alumnas –niñas y adolescentes–, cuando se cambiaban ropa, las cuales captó con una cámara de vigilancia que instaló en un camarín del colegio.
Al permitir sólo al Ministerio Público recurrir de apelación se afecta el derecho a defensa del imputado, dispensa un trato desigual, injustificado, consagra un privilegio procesal, vulnera la igualdad en el ejercicio de los derechos y la exigencia de un procedimiento racional y justo.
Atenta contra el contra el Principio de Igualdad en desmedro del imputado, que queda impedido de ejercer sus derechos en el proceso penal.
El máximo Tribunal estableció la improcedencia de la resolución que autorizó las medidas intrusivas en contra del imputado, cuya causa se encuentra suspendida por una eventual enajenación mental.
El Tribunal de alzada estableció que en la especie se cumplen los requisito establecidos en el tratado sobre la materia suscrito entre Chile y Venezuela, para solicitar la extradición activa y la detención previa del ciudadano venezolano que se encuentra, actualmente, detenido en Caracas.
El retardo en el ingreso al recinto no obedece a razones arbitrarias e ilegales, sino a la inexistencia de camas disponibles. Corte Suprema ordena habilitar módulo 117 del CDP de Valparaíso mientras la amparada es ingresada al hospital.
Arriesgar una larga condena privativa de libertad permite concluir razonablemente que existe un peligro de fuga digno de ser protegido.
Los dichos de la autoridad obedecieron a la necesidad de dar cuenta de las gestiones efectivas que estaban realizando las policías, las cuales habían permitido la detención del actor.
El fundamento de dicha titularidad está en que la persona condenada pueda contrarrestar el aparato punitivo Estatal.
