Se le sustituyó al amparado la pena privativa de libertad por la expulsión del territorio nacional por el lapso de 10 años, cuya ejecución debía realizarse en el plazo de 120 días corridos, pero la PDI ninguna medida ha adoptado para cumplir con la orden de expulsión en el plazo otorgado, justificando su omisión en que no le habría sido remitida la nómina por Gendarmería.

Conforme lo prevenido en el artículo 8 del Código Procesal Penal, el amparado también tenía derecho a ser defendido por un letrado o letrada desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra, específicamente, en la toma de su declaración, lo que tampoco le fue reconocido.

La PDI se encuentra facultada para remitir aquella información en virtud del Convenio de Colaboración entre el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial, suscrito por Chile.

Se trata de una persona que goza de situación migratoria regular en el país y mantenía el certificado de residencia definitiva en trámite.

No parece razonable exigirle al Estado que deje sin efecto el acto administrativo con ocasión de la protección a la familia, si fue el propio amparado el que la desatendió y no procuró resguardar.

Se trata de una medida que se decreta en forma paralela al sumario y que, por ende, no es parte de su tramitación, por lo que puede adoptarse aun cuando el proceso disciplinario se encuentre suspendido, sin perjuicio de que se confirme la baja o se deje sin efecto.

Se conculca la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, dado que ante la falta de una razón que justifique dicho actuar se genera un trato discriminatorio hacia el recurrente.

La agente fue destinada de Ñuñoa a Antofagasta, e intentó revertir la decisión argumentando que su núcleo familiar se encontraba consolidado en la capital, no obstante, la Corte consideró que la esencia de la labor policial es la movilidad institucional, ya que sus funciones deben cumplirse a lo largo y ancho del territorio nacional, hecho conocido y aceptado por todos los que integran las filas de la institución.

No obstante, si la Comisión de Salud institucional concluye que la salud del funcionario es apta para que continúe en servicio, el Director General de la PDI, si así lo estima, podrá declarar la salud incompatible de ese servidor, no obstante que la COMPIN haya antes opinado que su salud es irrecuperable.

El grupo parlamentario respaldó la iniciativa que fue presentada por el subsecretario del Interior y que, en su informe financiero, contempla -para su primer año- más de 7 mil 400 millones de pesos.