El Estado vulneró la garantía de estabilidad o inamovilidad en el cargo y con ella, el derecho a acceder a un cargo público en condiciones generales de igualdad, protegido por el artículo 23.1.c) de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio las víctimas.
Principio de legalidad
Prohibición de ingreso a Perú dictada contra Evo Morales, se confirma por Tribunal peruano.
Tribunal Constitucional de Perú valida concesiones otorgadas para proyectos mineros en territorio indígena debido a la falta de reglamentación legal del derecho a la consulta previa en estos casos.
Condenado por delito de violación en menor de 14 años no puede ser excluido del procedimiento de rebaja de condena aplicando una ley promulgada con posterioridad a la fecha de comisión del ilícito.
Pena mínima de 5 años para el delito de falsificación de marca puede ser desproporcionada al tenor del Derecho de la Unión Europea, resuelve el TJUE.
Imponer una pena mínima de cinco años de prisión para todos los casos de uso no consentido de una marca en el tráfico comercial no cumple con el imperativo de proporcionalidad. La normativa que la impone no tiene en cuenta las eventuales particularidades de las circunstancias en las que se cometieron dichas infracciones.
Norma del Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal que establece las causales por la que los funcionarios dejarán de pertenecer a esa dotación, no produce resultados contrarios a la Constitución.
Este Tribunal no tiene atribuciones para declarar que el Código del Trabajo y el despido indirecto le es aplicable a los Funcionarios de Atención Primaria de Salud Municipal. La acción de inaplicabilidad es inidónea por cuanto los efectos supresivos de las sentencias estimatorias de inaplicabilidad impiden que este Tribunal regule positivamente una situación jurídica.
Sanción de universidad a estudiante que habría fabricado explosivos para utilizarlos en una marcha no se ajustó a derecho, resuelve la Corte Constitucional de Colombia.
Como corolario propio del principio de legalidad, las instituciones de educación superior deben señalar en sus normas internas, de forma expresa y previa, las conductas que considera como faltas disciplinarias. También deben establecer, con precisión, las sanciones que corresponden a esas faltas. Y, por último, deben indicar un procedimiento adecuado para adelantar el trámite disciplinario.
Normas que castigan al empleado público que en incumplimiento de los reglamentos abuse de su cargo, o que en el ejercicio de sus funciones aplicare, ordenare o consintiere se apliquen apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes que no alcancen a constituir tortura, no producen resultados contrarios a la Constitución.
No resulta plausible sostener que un agente estatal pueda alegar el desconocimiento de la antijuridicidad de la conducta constitutiva de un apremio ilegítimo, u otro trato cruel, inhumano o degradante, y tal conclusión no cambia por el hecho de que al tipo penal se introduzcan elementos normativos o se efectúe una remisión a reglamentos a efectos de delimitar el ámbito de lo punible.
Normas que tipifican el delito de contrabando impropio y su penalidad, no producen resultados contrarios a la Constitución.
El delito de contrabando se encuentra en una norma de rango legal que describe la conducta de una forma tal que no genera confusión o incertidumbre, siendo respetuosa tanto con el principio de legalidad como con el principio de tipicidad, toda vez que permite que los ciudadanos conozcan el alcance de la amenaza penal y, sobre todo, que sepan cuál es el ámbito de las conductas prohibidas.
Norma que tipifica el delito de negociación incompatible se impugna en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.
El requirente alega que se infringen los principios de legalidad y tipicidad porque la conducta que no se encuentra claramente determinada.
Norma que tipifica el delito de desacato de resoluciones judiciales, se impugna en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.
El requirente estima que la norma cuestionada atenta contra el debido proceso, la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica.
Norma que mantiene vigencia de cédula de identidad de extranjero si acredita contar con certificado de residencia en trámite vigente o hasta que autoridad migratoria resuelva su solicitud, se impugna ante el Tribunal Constitucional.
El requirente alega que se mantiene su estado de incertidumbre migratoria, afectando sus derechos de igualdad ante la ley y de tutela judicial efectiva.
Norma que tipifica el delito de desacato de resoluciones judiciales, se impugna en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.
El requirente estima que la norma cuestionada atenta contra el debido proceso, la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica.
Norma que establece los requisitos para mantener la vigencia de las cédulas de identidad de extranjeros, se impugna en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.
Los requirentes estiman que la aplicación de la norma objetada produce una discriminación arbitraria en su contra.