En la audiencia de formalización de la investigación, el magistrado ordenó el ingreso de Jara Jarpa, López Aguayo y Cisternas Larenas al Complejo Penitenciario de Valdivia, por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en 120 días el plazo de investigación.

La defensa accionó de amparo sin agotar previamente los recursos que la ley ofrece.

La detención del actor tuvo un impacto en su personalidad y sufrió daños emocionales producto de las conductas injustificadamente erróneas del Ministerio Público.

El máximo Tribunal estableció la responsabilidad del Estado por el actuar deficiente y pasivo que tuvo el ente persecutor durante el plazo de investigación; la excesiva demora en la entrega del examen de ADN que resultó exculpatorio, y al solicitar audiencia para revocar la prisión preventiva, una vez que tuvo el informe en su poder.

La medida cautelar fue decretada en conformidad a lo dispuesto en el artículo 140 letra c) del Código Procesal Penal.

El Tribunal estableció que no han variado los antecedentes que en su momento se valoraron para decretar la prisión preventiva de Zamora Soto, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

El Tribunal de alzada confirmó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de La Serena el 14 de diciembre pasado, que decretó el ingreso en prisión preventiva del imputado al Regimiento N°21 Coquimbo.

El Tribunal no acogió la modificación de medidas cautelares plateada por la defensa y mantuvo la cautelar más gravosa para Crespo Guzmán, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

El Tribunal de alzada ratificó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de San Carlos, el viernes 4 de diciembre pasado.

La defensa alegó que el mantenimiento de la custodia viola el principio de duración razonable del proceso y que no existe ningún elemento objetivo y concreto que demuestre el riesgo del imputado para el orden público o la garantía de aplicación del derecho penal.