Actuó en el marco de sus atribuciones y dentro de la esfera de su competencia.
No obstante, ordenó que se mantenga la medida de internación provisional del amparado ya que reúne las exigencias del artículo 464 del Código Procesal Penal.
La Ley de Refugiados exige una mínima coherencia en el actuar de la autoridad policial, ordenando un control razonable sobre la persona que invoque la condición de refugiado al ingresar para país.
El actor no se encuentra en los escenarios que el artículo 21 de la Constitución prevé para el ejercicio de la acción de amparo.
No consta en los antecedentes de la causa que la sociedad ejecutada haya cambiado de estructura societaria.
La solicitud de prescripción de la pena fue admitida a tramitación pero que el amparado no compareció, por lo que no se puede atribuir al recurrido una actuación arbitraria.
Los antecedentes expuestos y el petitorio del recurso resultan ajenos a los fines de la acción de amparo.
El traslado del recluso se fundamenta en que el recinto penal donde se encontraba es de baja complejidad y no reúne las condiciones de segmentación para el perfil criminológico del imputado.
El Tribunal de mérito dictó la orden de detención sin tomar en cuenta la situación económica de la amparada.
El imputado tiene insuficiencias en sus facultades mentales que hacen temer que atentará contra sí mismo o contra terceros.
