al solicitarse a estas personas certificarse cada tres meses por la autoridad administrativa, castigándolos con un año de prisión para el caso de no hacerlo, resulta desproporcionado, restringiéndose de esa manera la libertad de circulación, por lo cual, en esta parte, la norma del año 1969 resulta contraria a la Constitución Política.

«más del 80% de sus habitantes apoyan su independencia del resto de España –o de la “España del Sur”– al punto que, en las últimas horas, han advertido al gobierno de Mariano Rajoy que ni aún las armas podrán impedir que este proceso siga adelante».

«ha sido firmado por 25 países de la Unión Europea, y pone a disposición de los Estados, particularmente aquellos que forman parte de la zona Euro, un total de €500 billones (US$620 billones, aproximadamente) en caso de que no puedan hacer frente a sus compromisos de deuda con sus propios medios, sujetos eso sí al cumplimiento de una mayor disciplina presupuestaria».

«aunque el derecho a la intimidad es un valor fundamental del sistema democrático, al igual que la protección a los datos personales, no pueden, de manera general, aunque sí excepcionalmente, restringir el derecho de libre acceso a la información pública, ya que limitarlo despojaría a la ciudadanía de un mecanismo esencial para el control de la corrupción en la Administración Pública».

«constató que los derechos de defensa y de acceso a la administración de justicia se encuentran salvaguardados y que las excepciones establecidas buscan una finalidad constitucionalmente legítima y no dan lugar a una discriminación prohibida por la Constitución».

«los Estados tienen obligaciones específicas en relación a las personas con discapacidades, incluyendo lo relativo a una intervención pronta y temprana, la efectiva cooperación interinstitucional y la adopción de medidas concretas de apoyo a las víctimas».

«el Estado es responsable de haber puesto gravemente en riesgo los derechos a la vida e integridad personal de los miembros del pueblo Sarayaku, por no haber desactivado totalmente el riesgo generado por la introducción de explosivos en el territorio».

«la exclusión de algunas de las entidades públicas mencionadas en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998 del ámbito de aplicación del artículo 199 del C.P.C. no implica que los representantes de otras entidades públicas no estén cobijados por esta prohibición, ni que con ocasión de la celebración de mecanismos de conciliación y transacción no puedan declararse hechos o circunstancias que faciliten conciliar los intereses en controversia».

la prensa colombiana ha criticado duramente a los jueces que componen la Magistratura Constitucional, acusándolos de fallar superponiendo sus colores políticos por sobre el criterio jurídico, generando así una enrarecida atmósfera en torno a esta trascendental sentencia.

“no existe una consagración a nivel constitucional de una garantía que reconozca expresamente el derecho de toda persona a manifestarse pacíficamente en lugares públicos”, sino solo el de “reunirse”.