Al aludirse a delitos específicos, más que a reglas generales, se corre el riesgo de que a contrario sensu pudiera entenderse que respecto de los no mencionados los acuerdos reparatorios no serían procedentes.
Las diputadas de la Comisión de Mujeres de la Cámara escucharon los planteamientos de la abogada magister en derecho penal, Angélica Torres, y de la estudiante de derecho de la Universidad Diego Portales, Patricia Godoy, quienes entregaron mayores antecedentes sobre la iniciativa.
La Cámara solicitó la eliminación de la facultad del empleador que le permite descontar los aportes hechos a la cuenta individual de cesantía de sus trabajadores, en caso de que el contrato termine por necesidades de la empresa o desahucio.
Ya no será necesario que el tribunal ordene la notificación por el artículo 44 o personal subsidiaria. Bastará que ministro de fe la practique con el mérito de su segunda certificación.
La institución u órgano requerido deberá contestar de la misma forma. Lo anterior es sin perjuicio de los convenios de interconexión de información que pudieren haber celebrado.
La Ley Nº 21.394 establece, por el lapso de un año contado desde la publicación de la ley, normas especiales relativas a la suspensión del procedimiento, a la contestación de la demanda en el juicio sumario, a la prueba testimonial, absolución de posiciones, declaración de parte o de peritos.
Se derogan los incisos tercero y cuarto del artículo 32 de la Ley N° 18.287.
Esto, luego de que el Senado respaldara el informe de la Comisión Mixta que propuso que la solicitud del cierre sea suscrita por al menos el 80% de los propietarios, sus representantes o moradores.
Pueden solicitarlo si cuentan con los medios idóneos y si dicha forma de comparecencia resultare eficaz y no causare indefensión. Pero la absolución de posiciones, las declaraciones de testigos y otras actuaciones que el juez determine, sólo podrán rendirse en dependencias del tribunal que conoce de la causa o del tribunal exhortado.
La nueva legislación tiene por finalidad modernizar el acceso a la justicia, hacerlo más expedito, rápido y ágil, limitando la presencia física de las personas por motivos sanitarios.
