En los Estados democráticos no debería ser indiferente la forma en que se llevan a cabo los procesos judiciales, pues estos se encuentran limitados por los Derechos Fundamentales de cada individuo.
La iniciativa, que se está legislando, busca evitar futuras manipulaciones de las personas y asegurar que la tecnología esté al servicio de la humanidad. Sin embargo, algunos académicos critican que se esté regulando algo que, aseguran, no existe.
Uno de los contenidos nuevos de la libertad de conciencia es la objeción, porque de qué serviría poder autodeterminarse en la formación de las ideas si no es posible luego obrar conforme a los designios de esa conciencia.
El Centro de Estudios Públicos publicó recientemente su último Estudio Nacional de Opinión Pública (1), incluyendo algunas preguntas sobre el funcionamiento de la Convención Constitucional. Con el fin de examinar los resultados que se obtuvieron, conversamos con analistas y académicos de diferentes instituciones para conocer su opinión al respecto.
Una acción que ha sido utilizada principalmente por mujeres que señalan no sentirse amparadas por la justicia en torno a situaciones de violencia sexual y de género. Las funas pueden constituir vulneraciones de derechos y transgresiones de los procesos judiciales, al mismo tiempo que su masificación deviene de una estructura institucional y cultural que reproduce violencia contra las mujeres, enmarcada también en las falencias del poder judicial y la desconfianza que este genera a la hora de denunciar.
A nivel internacional la discusión legislativa respecto de la eutanasia ha permanecido latente durante el tiempo, si bien, existen países que por mucho tiempo tienen permitida dicha práctica, el panorama parece visualizar que aún queda un largo camino a nivel nacional para llegar a ello.
A raíz de una nueva discusión en materia de derechos humanos en la actual Convención Constitucional, específicamente en la Comisión de Ética, se ha establecido en la opinión pública la idea de traspasar la barrera de la Convención y sancionar las opiniones o ataques que nieguen la vulneración de los derechos humanos ocurridos durante la dictadura militar en Chile.
En la actualidad nos encontramos aún en discusión sobre el Matrimonio Igualitario, lo cual a pesar de existir una solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y un cambio global sobre este tema, la pandemia retrasó la discusión, la cual se retomó en marzo de este año, fecha en donde el mensaje que cumple su primer trámite, fue aprobado en general con 22 votos a favor, 16 en contra y 1 abstención y tras ello se abrió plazo para presentarle indicaciones.
El máximo Tribunal había mantenido un criterio sostenido sobre la controversia, sin embargo, ha dictado recientemente dos fallos que se alejan de dicha línea jurisprudencial.
Existe una clara tendencia en la jurisprudencia comparada a proteger el derecho a la libertad de información y de expresión frente al bloqueo de la Administración y/o sus autoridades respecto de otros ciudadanos, lo que ha sido compartido por nuestro ente contralor.
