La idea del ‘decaimiento’ alude al devenir de un “cambio de circunstancias” del acto administrativo que, habiendo sido dictado en conformidad a derecho y habiendo producido sus efectos apropiadamente, pierde su energía jurídica en razón de estas circunstancias acontecidas, careciendo entonces de sentido y transformándose en inútil.

La importancia que ha cobrado la protección de la información es cada vez más notoria, y la propuesta de nueva Constitución busca dejar sentada las nuevas bases para comenzar un tratamiento más extenso de los mismos, en un mundo cada vez más globalizado.

Respecto de la rigidez o flexibilidad, si bien nuestra historia constitucional ha sido zigzagueante, los últimos dos cambios sustantivos en esta materia (1989 y 2019) fueron avances para la flexibilidad, cuya mantención dependerá de la opción que se imponga el 4 de septiembre de 2022.

Una de las discusiones que encuentra constantemente su lugar tanto en ámbitos éticos como legislativos es aquella que se da entorno a la eutanasia. Varios países se han centrado en esta discusión a lo largo de los años y Chile es uno de ellos, con mayor relevancia y fuerza en la actualidad dado el contexto que nos entrega la nueva constitución ya que representa una gran posibilidad para consagrar a este derecho como uno fundamental en nuestra Carta Magna.

Una de las opciones de fuentes de energía que no produzcan perjuicios al ecosistema, pero que puedan mantener una cierta eficacia en cuanto a la producción de energía, es la energía nuclear, la cual tiene varios puntos favorables, como por ejemplo, que no se vea afectada por las condiciones meteorológicas, no produce dióxido de carbono, genera considerables cantidades de energía, y su segura utilización no daña al medio ambiente.

Uno de los elementos que mayor controversia pública genera es precisamente el mantenimiento del sistema bicameral consagrado en el artículo 46 de la actual Carta Fundamental, independientemente de las transformaciones que se le pudiere hacer, y que en términos generales se refieren a establecer un régimen asimétrico entre ambas cámaras, o transitar, derechamente, hacia un modelo unicameral, idea que, en cualquier caso, no es inédita en nuestra historia constitucional.

Las medidas que comenzaron a regir en octubre de 2021 y febrero de 2022, fueron tomadas a raíz de diferentes actos de violencia que ocurrieron en las regiones del norte y el sur de Chile.

La Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención Constitucional, aprobó en general la creación de una Corte Constitucional, en reemplazo del actual Tribunal Constitucional. No obstante, no existe suficiente claridad acerca de quién finalmente, será el órgano encargado de resguardar el principio de supremacía Constitucional.

La medida introducida por esta iniciativa apunta a una regulación del mercado del trabajo, la reducción de la jornada obligatoria, conjuntamente con la regulación del salario mínimo. Lo anterior se entiende como una valoración real de la fuerza del trabajo de cada persona, traduciéndose en un mejoramiento de las condiciones de vida y desarrollo espiritual y material de éstas.

En los Estados democráticos no debería ser indiferente la forma en que se llevan a cabo los procesos judiciales, pues estos se encuentran limitados por los Derechos Fundamentales de cada individuo.