La costumbre de dar una propina al trabajador, por parte de un tercero ajeno al vínculo laboral, no es sino el salario, cuando es voluntad del empleador permitirlas o tolerarlas y no prohibirlas.
La instalación de un portón que impide el tránsito en la vía pública, cuyo fin es evitar la proliferación de un basural, constituye un acto de autotutela que resulta contrario a derecho, desde que transgrede la garantía contemplada en el artículo 19 N°3, inciso quinto, de la Constitución.
El informe emitido por Carabineros, que dio cuenta de la ocurrencia de una riña con resultado de muerte en los estacionamientos del centro de eventos, mientras aquel estaba a cargo de un menor de edad, es razón suficiente para negar la renovación de la patente comercial por no garantizar la seguridad en el recinto.
La medida de expulsión había sido tomada por la asamblea, luego de acusaciones de malas relaciones vecinales y de ceder el goce de la vivienda social a un tercero. Sin embargo, el procedimiento no se ciñó a lo establecido en el propio estatuto del Comité de Vivienda.
Se desestimó la excepción dilatoria de falta de capacidad de la demandante, puesto que con ella se intentaba deslegitimar la calidad de dueña de la actora, siendo que tal excepción sirve únicamente para alegar la inhabilidad del interviniente para obrar en juicio.
El procedimiento disciplinario que devino en la expulsión del actor fue legal y estatutariamente tramitado.
La prescripción que extingue acciones exige solamente cierto lapso durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones, contándose ese plazo desde que la obligación se haya hecho exigible.
Además, el Tribunal de alzada reconoce el concepto de «familia ampliada».
La norma estableció un plazo de caducidad de las acciones laborales en el contexto de la crisis sanitaria por Covid-19, y el consecuencial estado de excepción constitucional.
El rango de la sanción va de 10 hasta 1.000 UTM, por lo que tampoco se rebajó el monto aplicado.
